El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ampliará, a través de un Real Decreto que se encuentra hasta esta semana en fase de audiencia pública, la protección que ofrece la prestación CUME, destinada a compensar la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada laboral para atender a menores afectados por enfermedades graves y que cubre a cerca de 19.000 beneficiarios.

Esta ampliación de la prestación se llevará a cabo mediante un nuevo reglamento que actualiza una regulación vigente desde 2011 y que previsiblemente verá la luz después del verano para adaptar esta ayuda a las nuevas realidades médicas, familiares y asistenciales.

La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en declaraciones a medios en el Ministerio que el objetivo del nuevo Real Decreto es "mejorar en seguridad jurídica", algo que ha tildado de "muy importante" para que las familias que "no tengan cargas administrativas adicionales" y mejore la prestación.

REUNIÓN CON 'CUME NOS UNE' y 'ASFACUME'

Saiz se ha reunido esta tarde con la plataforma 'CUME nos une' y con la asociación 'Asfacume', para atender las peticiones y sugerencias de ambas organizaciones. En este sentido, la ministra ha señalado que han escuchado "las aportaciones de los afectados" y que incorporarán "algunas de ellas en el texto".

Por su parte, desde Asfacume, su vicepresidenta Ainhoa Urones ha explicado en declaraciones a Europa Press que la ministra "ha entendido perfectamente las inquietudes de las familias" que giraban en torno a los término de "cuidados clínicos y médicos" y el concepto de "larga duración".

"En ningún momento vamos a dar un paso atrás ni va a suponer ningún tipo de recorte, todo lo contrario", ha aclarado Saiz. La finalidad del encuentro ha sido "contemplar más situaciones que hasta ahora no estaban recogidas y ofrecer mayor seguridad a las familias beneficiarias de esta prestación", insisten desde Inclusión.

En este sentido, la ministra ha destacado que muchos menores requieren hoy cuidados intensivos y permanentes sin necesidad de permanecer hospitalizados durante largos periodos, una realidad que no siempre encontraba un encaje claro en la regulación vigente, cuya última modificación se aprobó en julio de 2023.

Por ello, el reglamento incorpora nuevos supuestos protegidos y mantiene una cláusula abierta que permitirá a los facultativos determinar, mediante la correspondiente declaración médica, cuándo existe una necesidad acreditada de cuidado directo, continuo y permanente.

MÁS PATOLOGÍAS CUBIERTAS Y MENOS CARGAS ADMINISTRATIVAS

La reforma también actualizará el listado de enfermedades graves incorporando nuevas patologías y se habilitará un mecanismo reglamentario para que el catálogo pueda seguir ampliándose conforme avance el conocimiento científico.

Además, se simplifican los procedimientos para las familias mediante la ampliación de los plazos de renovación y la mejora del sistema de prórrogas.

El Ministerio incorporará asimismo ajustes al texto inicial a partir de las aportaciones realizadas por las asociaciones durante el proceso de audiencia pública. Un diálogo que se mantendrá especialmente en materias relacionadas con las prácticas formativas y el seguimiento facultativo.

UNOS 19.000 BENEFICIARIOS Y 355 MILLONES DE EUROS

La prestación CUME, que cubre actualmente a cerca de 19.000 beneficiarios y para la que en 2025 se dedicaron unos 355 millones de euros tiene como finalidad compensar la pérdida de ingresos de quienes reducen su jornada laboral para atender a menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que requieren cuidados directos, continuos y permanentes.

En los últimos años se ha ampliado la edad de los menores afectados de 18 a 23 años y 26 en algunos casos, se han incorporado casos de familias monoparentales y se ha posibilitado que resulte beneficiario el cónyuge o pareja de hecho. En 2018, esta prestación llegaba a menos de 6.000 familias.