Fue una defensa cerrada de sus hijas. De su honestidad, de su trabajo, de la actividad de su empresa. José Luis Rodríguez Zapatero la protagonizó el miércoles ante el juez José Luis Calama, unas horas antes de que el 'caso Plus Ultra' entrara de lleno en el terreno familiar que el expresidente quería mantener fuera del procedimiento. El jueves, Calama imputó a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras solidarias de Whathefav, la sociedad que la investigación sitúa en el circuito económico bajo sospecha.

Zapatero trató de sacarlas de ahí. De la trama. De las facturas. De los pagos cruzados. De cualquier ventaja por su apellido. "He apoyado a mis hijas", admitió en la Audiencia Nacional. No fue una frase aislada. Llegó después de reconocer, como ya hizo en su comparecencia en el Senado, que él mismo abrió la puerta para que Whathefav trabajara con Análisis Relevante, la consultora administrada por Julio Martínez Martínez, 'Julito', amigo del expresidente y una de las piezas centrales del sumario.

"Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podían mis hijas, con su agencia digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con Análisis Relevante", explicó Zapatero. No habló de imposición. Tampoco de una intermediación política. Lo dejó en una propuesta profesional dentro de una relación de confianza con 'Julito'. Después remató: "Sí, he apoyado a mis hijas".

El auto de Calama mira, sin embargo, esa relación desde otro lugar. La imputación de Alba y Laura Rodríguez no nace de una llamada a la SEPI ni de una gestión directa por el rescate de 53 millones concedido a Plus Ultra. Nace de Whathefav. El juez define esa sociedad como "elemento finalista y funcional" de la trama y como "centro de redistribución de flujos financieros". Habla de "facturación 'ad hoc'", "cobertura formal" y pagos hacia el entorno de Zapatero.

El expresidente intentó blindarlas por la vía más personal. "Permítame que diga Laura y Alba. Permítame que diga que tiene una empresa desde el año 19. Alba no, Alba desde 2023". Luego añadió: "En mi opinión trabajan bien, que tienen trabajadores". Era su manera de fijar que no se trataba de una pantalla sin vida. Que había empresa. Que había empleo. Que había gente.

Su frase más rotunda llegó cuando quiso marcar distancia entre ellas y la Administración. "Precisamente por ser quienes son, nunca han concursado a una administración pública, podían haberlo hecho, nunca han tenido un contrato con una Administración pública, podían haberlo hecho". La idea era clara: ninguna ventaja por ser hijas de Zapatero. Pero el sumario no va por contratos administrativos. Va por clientes privados, facturas genéricas, sociedades conectadas y dinero que entra y sale de Whathefav.

Calama sostiene que la relación entre esta firma y Análisis Relevante no fue un simple apoyo de marketing. Según el auto, entre 2020 y 2024 hubo una "coordinación operativa continuada", con facturas emitidas bajo el concepto genérico de "servicios de agencia" y sin detalle suficiente de la prestación real. Esa falta de concreción es una de las claves de la resolución judicial.

Zapatero ofreció este miércoles otra versión. Preguntado por su abogado, describió Whathefav como una empresa con actividad propia. "Whathefav es una empresa constituida en 2019, como expliqué, que se dedica al marketing digital, a edición de vídeos, al seguimiento de comunicación". También habló de deportes electrónicos, "todo lo que son los 'game sports'"; un mundo que para él, reconoció, quedaba "un poco distante" por lejanía generacional.

El juez quiso saber si Whathefav contaba con empleados. Zapatero contestó rápido: "Sí, claro, tiene varios empleados, son cuatro o cinco, y luego tiene también trabajadores externos, o sea, 'freelance', que contribuyen y hacen trabajos". También dijo que tenía clientes además de Análisis Relevante. "Sí, claro", enfatizó. Aunque enseguida puso distancia con la gestión cotidiana: "Yo no hacía un seguimiento día a día de Whathefav".

La pregunta clave fue si él había cobrado algo de la empresa de sus hijas. "No, por supuesto", contestó. Después quiso ampliar el papel real de la sociedad. Según su declaración, Whathefav no solo maquetaba informes. Prestaba "todo el seguimiento digital y todo lo que suponía el apoyo a la tarea que como consultor yo realizaba de seguimiento de medios de comunicación, todas las grabaciones, zooms...".

La tesis judicial no compra esa explicación como suficiente. El auto recoge que Sergio Sánchez Benítez, socio de Análisis Relevante y colaborador de Zapatero, elaboraba informes de asesoría que después pasaban a Whathefav para su maquetación y difusión a un listado de clientes proporcionado por el propio expresidente. Para Calama, la empresa de Alba y Laura intervenía en la fase final "sin aportar un valor técnico propio". Para Zapatero, había una prestación real de comunicación, edición, seguimiento digital y soporte.

El dinero es lo que ha acabado llevando a las hijas del expresidente al procedimiento como investigadas. Whathefav, según Calama, recibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva. Análisis Relevante recibió de esa misma sociedad 380.208 euros y, a su vez, transfirió 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav. El juez ve ahí un "circuito circular de fondos" entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales.

No son los únicos pagos. La resolución menciona ingresos de Pickashop y Agropecuaria Lucena, sociedades del entorno de 'Julito' Martínez; del 'broker' venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano; y de Gate Center y Thinking Heads Group, entidades vinculadas a la actividad internacional de Zapatero. El auto añade un dato especialmente sensible: el expresidente figuraba como autorizado en cuentas bancarias de sus hijas, receptoras de cantidades transferidas por Whathefav.

Zapatero intentó cerrar otros flancos. Preguntado por si Whathefav había trabajado para Softgestor, contestó: "No, creo que no". Sobre Aldesa, otra sociedad citada en la causa, dijo: "Tengo entendido que no". Y dejó una frase de enfriamiento: "Yo no he estado en la tarea de Whathefav".

El juez ha citado a Laura y Alba Rodríguez como investigadas porque, según razona en el auto, su condición de administradoras de una sociedad considerada instrumental las coloca dentro del perímetro de la imputación y obliga a proteger su derecho de defensa. Podrán callar, contestar solo a su abogado o no declarar contra sí mismas.

Zapatero se adelantó a ese golpe con una defensa de padre y de expresidente. Dijo que ambas trabajaban. Que tenían empleados. Que tenían clientes. Que nunca contrataron con una Administración. Que él no cobró de Whathefav. Calama ha decidido inspeccionar las facturas, las transferencias y la función que esa sociedad pudo cumplir en el engranaje económico del 'caso Plus Ultra'.