“No hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra”. “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra”. “Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”. “No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. “En mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión”. “Yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo ni de gestión ni de nada, nunca en mi vida”. “Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore ni sé lo que es”.

José Luis Rodríguez Zapatero dejó esas aseveraciones y otras muchas en la Audiencia Nacional después de casi tres horas de interrogatorio, cuando ya había respondido con negativas a las preguntas comprometidas sobre la SEPI, el Gobierno, Venezuela, Dubái, las sociedades offshore, el petróleo, los chinos, su supuesto testaferro o la “finance boutique”. Un frontón ante José Luis Calama. El expresidente declaró este miércoles como investigado en el caso Plus Ultra, pero solo contestó al juez y a su abogado. Ni a la fiscal. Ni a la acusación popular.

El audio del interrogatorio, de dos horas y 36 minutos, permite escuchar el pulso completo. Calama no fue dando rodeos. Empezó por advertirle de que algunas preguntas podían afectar a sus hijas o a su esposa. Y Zapatero, antes de entrar en materia, quiso fijar posición: “Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad”.

A partir de ahí, casi todo fue esa sucesión de negativas. Sobre Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, administrador de Análisis Relevante y amigo suyo desde 2011, admitió una relación personal intensa, de running y camaradería, y una profesional a partir de 2020. Pero negó que la sociedad se constituyera ad hoc para él. “Es iniciativa empresarial y yo, consultor”, dijo. Tampoco hubo un compromiso escrito. “No se firma ningún contrato con Análisis Relevante. Así es”, aceptó. Todo, según su versión, fue “un acuerdo dada la confianza” entre ambos.

Ese fue uno de los primeros choques con Calama. El juez le recordó que en los casos de fraude suelen aparecer contratos vacíos, pantallas y consultorías sin rastro. “Estamos todos los días con estos temas”, le avisó. Zapatero insistió en que sus encargos llegaban verbalmente, por llamadas o reuniones. Sin hojas de encargo. Sin correos. Sin trazabilidad formal. “Yo desde luego no envié ningún Excel porque no he enviado un Excel en mi vida”, se defendió cuando el juez sacó los listados de potenciales clientes.

Calama fue a los números. Análisis Relevante, explicó, tenía como ingresos a sociedades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Aldesa. Y como gastos aparecían sobre todo Zapatero y Whathefav, la empresa de sus hijas. La sospecha judicial es que esos informes pudieran servir de cobertura a comisiones por tráfico de influencias. Zapatero lo negó de raíz: “No hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra”. La frase volvió varias veces, cada vez más seca.

“UNA ESPECIE DE 'URBI ET ORBI'"

El instructor no le dejó explayarse sobre su “labor humanitaria” en Venezuela y sí incidió en los nexos con el país que interpelan al exmandatario socialista. Y la parte empresarial fue todavía más áspera. Zapatero defendió que sus informes eran generales, de geoestrategia, geopolítica y geoeconomía. No encargos específicos para cada empresa. Calama se paró ahí. Si eran genéricos, preguntó, cómo se justificaban pagos relevantes de clientes concretos. “Me está diciendo que son, digamos, una especie de urbi et orbi para quien lo quiera ver y pagar”. El expresidente corrigió: eran informes para empresas que contribuían y para potenciales clientes. El juez volvió al dato: “Si volvemos a los gastos, que eso no engaña, quien cobra es usted”. Y remató: “El dato mata relato”.

Zapatero no cedió. “Sí, claro, porque era el consultor que realizó la actividad fundamental de informes y asesoría”. Y cuando Calama comparó su papel con el de Sergio Sánchez, socio de Análisis Relevante, fue más tajante: “Quien trabaja intensamente soy yo”. A partir de ahí, el imputado protegió a su secretaria, Gertrudis Alcázar, de quien dijo que siempre ha seguido sus “indicaciones”, y trató de amparar a sus hijas Laura y Alba subrayando la legalidad de las actividades de su empresa, Whathefav. Las tres han acabado imputadas al día siguiente del interrogatorio judicial a su jefe y padre.

“Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio”. José Luis Calama marcó así una declaración que nunca dejó correr. El juez no permitió que José Luis Rodríguez Zapatero llevara el interrogatorio del caso Plus Ultra al terreno de su trayectoria política, su mediación en Venezuela o la práctica habitual de las consultoras. Cada vez que el expresidente abría plano, Calama volvía al papel: contrato, encargo, factura, correo o dinero cobrado.

El primer choque llegó con Análisis Relevante, la consultora administrada por Julio Martínez Martínez. Zapatero admitió amistad desde 2011 y vínculo profesional desde 2020. No hubo contrato escrito. A Calama le bastó para apretar: “Eso, en principio, estando dentro de lo que es una relación profesional, no es normal”. Cuando Zapatero apeló a la libertad de contratación, el juez dejó otro aviso: “Desgraciadamente existe también la Agencia Tributaria”. La falta de rastro documental fue uno de los hilos del interrogatorio. “No tenemos ni contratos escritos. No tenemos hojas de encargo escritas y, salvo que usted me corrija, no tenemos trasiego de correos electrónicos”, resumió Calama. El expresidente sostuvo que la relación era verbal, con reuniones, llamadas y encargos de palabra. El juez volvió a la lógica empresarial: “En el mundo de la empresa no se puede operar de cualquier manera”.

Zapatero negó haber negociado comisión alguna. Calama no le discutió el derecho a defenderse. Le recordó cuál era su papel: “Tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor y tengo que muchas veces ser incisivo”. Tampoco dejó abierta la carpeta venezolana para una explicación general. La defensa intentó introducir la labor del expresidente en Venezuela. Calama cortó: “Todos conocemos, incluido el que suscribe, la labor humanitaria y que aquí no se cuestiona en absoluto”. Acto seguido fijó el marco: “Yo como juez instructor me tengo que ceñir exclusivamente a los hechos”.

En la recta final, el expresidente ofreció autorizar una investigación universal sobre sociedades, bienes o activos fuera de España. Calama aceptó el gesto, pero dejó una reflexión: “La gente que maneja mucho dinero no está ni en las propiedades de las sociedades ni en la administración”. Aclaró que no lo decía por él. Pero la frase quedó en la sala.