En el PSOE insisten en que aquello no fue un registro. Que lo ocurrido el 27 de mayo en Ferraz fue un requerimiento de información. Que la diligencia se alargó porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) reclamaba mucha documentación. Pero las actas levantadas por los agentes describen una escena menos plácida: una actuación que empezó en la planta noble de la sede federal socialista, con entrega ordenada de papeles, y terminó casi catorce horas después en el sótano 3, entre cajas, contenedores, dispositivos informáticos y documentos que no habían aflorado en la primera respuesta del partido. 

La UCO llegó a la calle Ferraz 68-70 de Madrid a las 8:50 horas. Los agentes no entraron derribando puertas ni buscando una imagen espectacular. Iban con un auto del juez Santiago Pedraz y una orden concreta: requerir al PSOE, de forma inmediata y en presencia policial, toda la documentación vinculada a Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y las maniobras investigadas en el caso fontanera. Aquella mañana, el asunto todavía se presentó como una entrega de información. Al final del día, la Guardia Civil saldría con el botín documental más sensible localizado hasta ahora dentro de Ferraz.

La primera notificación se hizo a Alberto Cachinero Capitán, responsable del Área Jurídica del PSOE. A las 9:36 horas compareció Rebeca Torró Soler, secretaria de Organización del partido, a quien los agentes entregaron el auto. La UCO dejó claro que la documentación debía aportarse "de forma inmediata". A las 10:15 se abrió la primera acta de entrega.

Durante las primeras horas, la diligencia avanzó con apariencia administrativa. Ferraz fue aportando material por departamentos: sistemas, contratación, viajes, gastos, presupuestos, facturación, liquidaciones y documentación corporativa. Los agentes revisaban, comprobaban y dejaban constancia. Responsables del partido entraban y salían. El operativo tenía todavía el ritmo frío de un requerimiento judicial.

El punto de giro llegó con la información sobre los efectos de Cerdán. Alfredo Ruiz Bravo, responsable de Sistemas Informáticos, explicó que el exsecretario de Organización no tenía carpetas digitales en la red interna del PSOE porque utilizaba un ordenador personal proporcionado por el partido. A partir de ahí, Ruiz Bravo y Cachinero comunicaron a los agentes que los dispositivos informáticos y la documentación que habían quedado en el despacho de Cerdán tras su cese estaban almacenados bajo llave en una sala del sótano 3.

La escena cambió de planta y de tono. Ya no se trataba solo de recibir lo que Ferraz entregaba en superficie, sino de comprobar qué seguía guardado físicamente en la sede del partido. Los agentes descendieron al sótano con Cachinero. Allí encontraron siete cajas de documentación, dos contenedores con papeles tirados por el exnúmero tres socialista, el ordenador portátil utilizado por Cerdán y otros dispositivos de almacenamiento. Cachinero puso el material a disposición de la Guardia Civil, aunque dejó constancia de que desconocía el contenido exacto de aquellas cajas.

Los agentes hicieron una primera valoración y solicitaron autorización judicial para recopilar los elementos de interés. Ese fue el momento en que el requerimiento administrativo se convirtió, en la práctica, en una búsqueda dirigida dentro de los sótanos de Ferraz. Había que seleccionar, embolsar y etiquetar.

El hallazgo más sensible fue una agenda negra atribuida a Santos Cerdán con la anotación "Santos Cerdán enero 2025 mayo 2025". Las fechas explican su importancia. Enero-mayo de 2025 coincide con el tramo nuclear de la investigación de Pedraz y la UCO: los contactos con Leire Díez, la ofensiva contra la UCO, la línea Hamlyn-Villalba-Balas, las reuniones con Mercedes González, los pagos, los abogados y la antesala de la explosión pública del escándalo.

Junto a esa agenda aparecieron otra roja con el anagrama del PSOE, una libreta negra de la Secretaría de Organización, 68 folios manuscritos, un MacBook Air y dos discos duros externos WD My Passport de 5 TB. Todo quedó preservado como evidencia. No eran ya simples copias digitales ni documentación remitida voluntariamente por un departamento: eran efectos procedentes del entorno de Cerdán que seguían guardados bajo llave en la sede socialista.

Entre ese material apareció además una carpeta blanca de Oliver Abogados, con 168 páginas. El dato abre una pregunta incómoda para Ferraz. Ismael Oliver fue abogado de Koldo García entre febrero y junio de 2025, después de Javier Pimentel y antes de Leticia de la Hoz. Su nombre aparece en el sumario como letrado, interlocutor de Leire Díez y pieza vinculada a la llamada vía Fiscalía. La UCO no detalla en esa acta el contenido de la carpeta, pero sí la recoge por su "aparente relación" con los hechos investigados.

La presencia de esa carpeta en el lote localizado en Ferraz no acredita por sí sola ningún pago ni ninguna maniobra concreta. Pero introduce un indicio físico difícil de soslayar: documentación de un despacho que defendió a Koldo García apareció en la sede del PSOE, entre los efectos almacenados tras el cese de Cerdán. Y de una causa en la que los investigadores tratan de aclarar si desde el entorno socialista se pusieron medios, dinero, logística y cobertura jurídica al servicio de una operación para influir en investigaciones sensibles.

El papel de los abogados es, de hecho, una de las líneas más enrevesadas del sumario. La UCO ha localizado notas de encargo, facturas, conversaciones y referencias cruzadas a letrados que entran y salen de la defensa de piezas clave del caso Koldo mientras Leire Díez y su entorno mantienen contacto con ellos. En paralelo, Pedraz ha imputado a Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo, por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó dinero a Ferraz en bolsas.

La actuación acabó a las 23:10 horas. Casi catorce horas después de la primera notificación, la UCO salió de la sede federal del PSOE con agendas, papeles manuscritos, discos duros, un portátil y la carpeta del despacho que defendió a Koldo.