Los escándalos del PSOE
La trama pagó por "limpiar" la web de informaciones sobre "corrupción" antes de que el caso llegara a Zapatero
Se gastaron 69.000 dólares en hacer desaparecer de la web artículos incómodos


Publicado el 02/06/2026 a las 07:00
La trama de Plus Ultra no solo intentó desde el principio acabar con las investigaciones policiales y judiciales sobre el controvertido rescate (algo que casi consiguió en 2023 cuando se archivó la primera causa), sino que se volcó en tratar de borrar en internet las informaciones incómodas -de la empresa española e internacional- que ya apuntaban a supuestas irregularidades en el millonario desembolso de 53 millones de dinero público, cuya legalidad -todavía a día de hoy- sigue defendiendo el Gobierno, que insiste en que la ayuda se ajustó a los requisitos fijados por la SEPI. La operación de borrado internacional -según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico- se produjo antes de que el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareciera relacionado con esta trama gracias a las investigaciones de Suiza y Francia poco meses después.
El operativo costó al menos 69.000 dólares ya pagados y tenía otros 29.000 pendientes, hasta un total comprometido de 98.000 dólares, según el señalamiento que la Autoridad de los Mercados Financieros francesa ha remitido al juzgado de José Luis Calama y al que ha tenido acceso este periódico.
La maniobra se produjo entre septiembre y octubre de 2022 cuando Plus Ultra ya había comenzado estar en el foco judicial, entre otras cuestiones, también por sus vínculos con el régimen de Maduro. Para entonces, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ya había abierto las Diligencias Previas 597/2021, incoadas por auto de 8 de abril de 2021 a raíz de una denuncia de Manos Limpias presentada el 25 de marzo de ese año por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias contra Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI. Aquella causa fue archivada provisionalmente el 5 de enero de 2023, apenas unos meses después de la operación reputacional detectada por Francia.
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El señalamiento francés es explícito. La AMF sostiene que Luis Felipe Baca Arbulu, empresario franco-peruano investigado después en España como uno de los gestores de la red internacional de blanqueo, llevó a cabo acciones para "nettoyer" internet. Esa palabra -limpiar- aparece en el informe para describir la eliminación de artículos que relataban "su papel en el blanqueo de sumas desviadas" y que podían "perjudicar su imagen" y "complicar la apertura de cuentas a su nombre". No era solo una operación de reputación. Según el supervisor francés, el borrado también buscaba despejar obstáculos bancarios.
SISTEMA ENCRIPTADO
La operación aparece en una conversación de Signal (un sistema de mensajería encriptado) intervenida en uno de los teléfonos de Baca. El intercambio se produjo en septiembre y octubre de 2022 entre el propio Baca y una persona identificada por la AMF con el nombre en clave "RG", interlocutor cuya identidad completa no aparece desvelada. El informe francés afirma que esa acción es "perfectamente visible" en esa conversación y que se refería a la "supresión de decenas de artículos" dedicados a "acciones de corrupción" ejecutadas "por medio de la sociedad Plus Ultra".
Los nombres citados en ese paquete de publicaciones son relevantes: Luis Felipe Baca Arbulu; Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, empresario mencionado por la AMF dentro del mismo perímetro reputacional; Héctor Tobía, otro de los nombres asociados por el informe francés a esas publicaciones; y Rodolfo Reyes Rojas, accionista de referencia de Plus Ultra.
La AMF no incorpora en ese punto una lista completa de todas las piezas supuestamente borradas ni identifica en el fragmento principal el método concreto de pago o el beneficiario final de los 69.000 dólares. Lo que sí documenta es que esas cantidades aparecen en la conversación de Signal entre Baca y "RG": 69.000 dólares ya abonados y 29.000 todavía pendientes. Para la autoridad francesa, la cuantía de esos pagos era "una indicación del carácter sensible de esos artículos".
El informe también permite situar el perímetro mediático que preocupaba a la red. En sus notas aparecen referencias a publicaciones españolas e internacionales sobre los protagonistas de la aerolínea, la conexión venezolana, Alex Saab, empresario colombiano señalado durante años como operador del régimen de Nicolás Maduro, PDVSA, la petrolera estatal venezolana, oro y Plus Ultra. Entre las españolas figuran enlaces de Vozpópuli (actualmente inaccesible) y El Confidencial (sí accesible, de abril de 2021) relacionados con Rodolfo Reyes y los accionistas venezolanos de Plus Ultra. Entre las internacionales aparecen referencias a Primer Informe, 24 Heures y Le Monde, además de contenidos difundidos en redes. Esas menciones no permiten afirmar que todas esas piezas concretas fueran eliminadas, pero sí muestran que el ecosistema reputacional afectaba a informaciones publicadas en España y fuera de España.
La operación de borrado encaja con el patrón de opacidad que atraviesa toda la causa: sociedades instrumentales, fondos venezolanos, brokers internacionales, cuentas en distintas jurisdicciones, oro, préstamos puente, problemas de compliance y nombres que podían impedir la apertura de cuentas bancarias. Cuando Baca habló con "RG" de limpiar internet, el rescate ya estaba judicializado en España y preocupaba sobre manera a los implicados y eso que todavía no se conocía la supuesta implicación de Zapatero. Esa derivada llegaría después, cuando la investigación empezó a reconstruir no solo el destino del dinero público, sino las presuntas gestiones de influencia que habrían permitido conseguirlo.