Los escándalos del PSOE
Anticorrupción revela que el objetivo no era salvar Plus Ultra sino obtener millones de "dinero público limpio"
Esta es la tesis que Anticorrupción ha trasladado a la Interpol
Publicado el 02/06/2026 a las 07:00
Para la trama de Plus Ultra la supervivencia de la aerolínea no era ni mucho menos una prioridad. La trama internacional en la que ha acabado imputado José Luis Rodríguez Zapatero no habría buscado el rescate público solo para salvar la compañía en plena pandemia, sino sobre todo para hacerse con millones de euros de origen legal que pudieran ser introducidos en una estructura internacional de blanqueo. Esa es la tesis que Anticorrupción ha traslado a Interpol para sostener la persecución internacional de varios investigados: que Rodolfo Reyes, dueño real de Plus Ultra, según la Fiscalía, y otros gestores de la compañía "idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero público 'limpio'". Esa necesidad de lograr a toda costa los 53 millones explicaría, según el encaje del sumario, la insistencia de la aerolínea en activar contactos políticos y buscar la ayuda de José Luis Rodríguez Zapatero como palanca ante la SEPI.
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La Fiscalía, con un enfoque totalmente nuevo en este caso, describe una inmensa lavadora internacional que funcionaba como un "pseudobanco": una organización capaz de mezclar dinero en efectivo de distintas procedencias ilícitas, moverlo por sociedades instrumentales, invertirlo en bolsa y reintegrarlo después "limpio" a sus "clientes". En ese esquema, el rescate aprobado por el Gobierno español habría tenido un valor añadido: no era dinero sospechoso, sino dinero estatal, bancarizado y formalmente concedido por el Consejo de Ministros.
El documento de Anticorrupción, al que ha tenido acceso este periódico, está fechado el pasado 12 de marzo de 2026 y ha sido remitido para concretar ante Interpol la implicación de Rodolfo José Reyes Rojas, su esposa, María Aurora López López, y otras dos personas claves en esta inmensa maquinaria de lavado de capitales: Luis Felipe Baca Arbulu y Simon Leendert Verhoeven.
DE INMEDIATO
El escrito recuerda que Plus Ultra recibió los famosos 53 millones del Estado por resolución del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021: 19 millones como préstamo ordinario y otros 34 como préstamo participativo. Y que a partir de ahí la 'lavadora' empezó a trabajar, sin siquiera dar tiempo a que el dinero llegara para pagar gastos de la aerolínea, en supuestos apuros por la covid. La Fiscalía fija la tesis central de su nueva conclusión: concedida la ayuda, Reyes habría ordenado que parte de ese dinero fuera transferido de forma inmediata a sociedades de la red.
A lo largo de su escrito, Anticorrupción no dibuja solo un desvío posterior ni un uso irregular sobrevenido. Habla de un plan. Y ese matiz cambia el enfoque de toda la causa: la ayuda pública no habría sido aprovechada después por la trama, sino perseguida desde el inicio como materia prima para lavar capitales.
Anticorrupción sitúa a Reyes como cliente de la estructura internacional gestionada por Luis Felipe Baca, empresario peruano vinculado al entramado financiero, y Simon Verhoeven, financiero neerlandés residente en Suiza. Según la Fiscalía, esa organización controlaba "muy importantes cantidades de dinero", entremezclaba capitales en metálico de distintas procedencias ilícitas, los invertía en bolsa y los devolvía "limpios" a sus "clientes". Todo ello con disponibilidad permanente de efectivo, "actuando como un 'pseudobanco'".
La red habría usado parte del rescate español para alimentar ese mecanismo. El dictamen afirma que el dinero fue destinado "mediante transferencias inmediatas" a sociedades instrumentales de la organización de blanqueo de la que presuntamente formaba parte Reyes, así como a entidades vinculadas con él en Panamá, Puerto Rico y Dominica. La finalidad, según la Fiscalía, era lograr "perder el rastro del origen ilícito del dinero".
El auto de reapertura de la Audiencia Nacional ya había fijado la cifra: 15.954.526,77 euros salieron de cuentas de Plus Ultra hacia sociedades instrumentales tras la recepción de la ayuda. De esos casi 16 millones, 5.921.777,46 euros salieron al extranjero entre el 18 de marzo de 2021, fecha de recepción de los primeros 19 millones, y el 10 de agosto de 2021, cuando se levantó la suspensión cautelar judicial. Otros 10.032.749,31 euros salieron después, tras recibir la segunda parte del rescate.
