Tribunales
El juez sitúa a Zapatero como líder de una estructura criminal "jerarquizada" y le acusa de cobrar dos millones en mordidas
La imputación del expresidente sacude el país
Publicado el 20/05/2026 a las 05:00
En un país que se ha habituado a afrontar episodios sin precedentes en su devenir histórico, un juez de la Audiencia Nacional firmó este martes 19 de mayo un auto de 88 páginas que escribe una nueva e insólita página que convulsionó la vida política y judicial española desde primera hora de la mañana: la primera imputación de un expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por un mal endémico, el de la corrupción. Una presunta conducta ilícita de quien dirigió el poder Ejecutivo entre 2004 y 2011 que el titular del Juzgado de Instrucción número 4, José Luis Calama, cifra en 81.948.857 euros en mordidas escondidas supuestamente en un entramado opaco de sociedades pantallas y con ramificaciones en Emiratos Árabes.
El auto del levantamiento del secreto sumarial por parte de Calama sobre el ‘caso Plus Ultra’ coloca a Zapatero en el vértice de una presunta trama de influencias que habría actuado para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea española con capital venezolano durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez. Parte de ese dinero del erario, sostiene el instructor, ha acabado, a través de una compleja operación internacional y con empresas interpuestas -entre ellas, las de sus dos hijas- en el bolsillo del exdirigente del PSOE. Los delitos genéricos, a falta de la concreción personal, que atribuye el magistrado son los de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
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La resolución, que dejó conmocionados a los socialistas, detalla que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la SEPI mediante dos vías paralelas: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos -epicentro del ‘caso Koldo’- y otra a través del expresidente del Gobierno, si bien fue esta última la que, en palabras del instructor, adquirió un "papel predominante" para alcanzar los objetivos perseguidos.
En su resolución, que llegó acompañada de registros en la oficina del ex mandatario en la madrileña calle Ferraz donde también se halla la sede federal del PSOE y en la empresa de sus hijas, además de requerimientos de información a otras mercantiles, Calama no se limita a citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le atribuye directamente el liderazgo de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
El auto cuantifica en 1.948.857 euros el dinero que, según la investigación, terminó en manos de Zapatero y de su entorno familiar a través de distintos canales societarios. De esa cantidad, 1.525.078 euros habrían sido abonados directamente al expresidente y 423.779 a Whathefav, la empresa administrada por sus hijas. A esa suma de casi dos millones, Calama añade como elemento diferenciado el contrato del 1% del rescate, por 530.000 euros, que la Audiencia Nacional vincula a la firma Idella y a una sociedad ‘offshore’ en Dubái como posible vía para canalizar ese cobro fuera de España.
De acuerdo al escrito, Análisis Relevante -la empresa del amigo de Zapatero ‘Julito’ Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra- habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Pero esos pagos solo son la punta de iceberg, según la UDEF, la unidad de delitos económicos de la Policía, que sitúa a un cúmulo de firmas en el centro de su invesgtigación. Gate Center, otra empresa de la trama, habría enviado 352.980 euros al expresidente y 171.727 más a la mercantil familiar; y sociedades del grupo Thinking Heads (TH), vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros al exjefe del Ejecutivo y 12.297 euros a la empresa de sus hijas. TH negó este martes en un comunicado cualquier irregularidad. Para el juez, esos movimientos muestran que "la mayor parte de los fondos" recibidos por Análisis Relevante -procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa- acabó en el entorno de Zapatero.
LA 'VÍA DUBÁI' DEL DINERO
Calama encuadra ese flujo de dinero en una estructura de sociedades instrumentales y contratos de asesoría o consultoría que, según la resolución, se habrían utilizado como "mera justificación documental frente a terceros". El magistrado sostiene que el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería Zapatero, junto a Whathefav, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos". En ese entramado, Julio Martínez Martínez habría actuado como interlocutor de clientes, receptor y ejecutor de instrucciones del expresidente y responsable de canalizar los fondos a través de su entorno societario.
El instructor afirma que el exmandatario ordenó crear la estructura empresarial de emiratos para 2evitar la trazabilidad (del dinero) en territorio español". El dinero, describen los investigadores, se habría canalizado en Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, una sociedad ‘offshore’ que, según el auto, se creó siguiendo instrucciones de Zapatero y estaba participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez. Idella había suscrito con Plus Ultra un contrato para cobrar 530.000 euros, equivalentes al 1% del rescate público. El juez subraya la proximidad entre ese contrato, fechado el 19 de enero de 2021, y el inicio de las gestiones para constituir la sociedad en Dubái, el 26 de enero, así como la ausencia de pagos en España, lo que «refuerza la hipótesis» de que la sociedad emiratí fue creada para recibir fondos en el extranjero y "evitar su trazabilidad en territorio español".
Para Calama, esa operativa puede encajar en un patrón de blanqueo de capitales por la creación de sociedades en jurisdicciones de "baja transparencia", el uso de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros en el extranjero y la 2desconexión deliberada" entre el origen del dinero y su destino final. El juez concluye que existen indicios de actos de "ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos" mediante "una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo".
El auto sostiene que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero", que habría puesto "sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". Según el juez, esa estructura utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
EL RESCATE DE PLUS ULTRA
La resolución describe una red con reparto interno de funciones. Junto a Zapatero, Calama sitúa a Manuel Aarón Fajardo García y a Julio Martínez Martínez, el íntimo amigo del expresidente, como "intermediarios directos con los clientes". También atribuye un papel operativo a María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del expresidente, y a Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Martínez. Esa distribución, según el magistrado, "revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".
El instructor afirma que la red investigada no buscaba una expectativa genérica o un trato favorable indeterminado, sino una decisión administrativa concreta: "la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia". Para el juez, la secuencia de reuniones, contactos y comunicaciones, incluido el supuesto "acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda", evidencia que la red actuó para influir en el órgano competente.
Una de las novedades más relevantes del auto es la descripción de esas dos líneas de presión para conseguir la ayuda de la SEPI. Calama sostiene que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener los 53 millones mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos" y que para ello articularon dos vías diferenciadas: una a través de Ábalos y otra a través de Zapatero, que fue, dice el instructor, la que permitió a la aerolínea alcanzar los objetivos perseguidos.
Ese extremo conecta con las acusaciones que ya habían realizado Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama sobre las supuestas presiones para salvar la aerolínea, pero ahora aparece incorporado al razonamiento judicial del instructor. Hasta ahora, el expresidente había negado tajantemente cualquier intervención ante el Gobierno o ante la SEPI. En su comparecencia en el Senado sostuvo que no habló ni con Pedro Sánchez ni con ningún miembro del Ejecutivo sobre Plus Ultra y defendió que sus cobros de Análisis Relevante respondían a trabajos privados de consultoría, legales y declarados ante Hacienda. El auto también subraya que los investigados habrían conocido la concesión de la ayuda antes de su aprobación definitiva.
