El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press este martes, convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, ha ordenado registrar su despacho y la empresas de sus hijas en Madrid.

Se ha registrado el despacho del expresidente en la calle Ferraz, cercano a la sede nacional del PSOE en la capital, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra por el Gobierno en la pandemia.

En este sentido, a primera hora de la mañana agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han acudido al despacho de Zapatero.

Los agentes han hecho lo mismo en What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente, así como en otras dos mercantiles, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LA SEPI

Fuentes conocedoras de las pesquisas han apuntado que también hay un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate. En concreto, se centra en la influencia que podría haber ejercido Zapatero en dicha operación, a cambio de recibir fondos a través de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo del expresidente que ya fue detenido en esta causa.

El juez, que asumió la investigación del caso por presunto blanqueo de capitales, ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio. Además, ha decidido levantar el secreto de sumario, según las mismas fuentes, después de ir prorrogándolo mes a mes desde que se hiciera con la competencia el pasado marzo.

Fue en el mes de diciembre cuando fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario amigo de Zapatero por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la AN.

Meses después, el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención de un hombre presuntamente relacionado con el 'caso Plus Ultra' en la isla caribeña de Aruba.

DENIEGA REGISTRAR LA CASA DE ZAPATERO

En el auto en el que cita a Zapatero como investigado, el juez acepta el registro de su oficina y de otras tres mercantiles objeto de investigación, si bien rechaza el del domicilio particular del expresidente del Gobierno, algo que había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Según él, ese registro no resulta de momento procedente porque entiende que no concurren elementos que permitan afirmar que en su casa particular pudiera conservar fuentes de prueba relevantes.

"La amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado, lo que debilita la proporcionalidad y necesidad de la medida restrictiva solicitada", indica.

En este caso, continúa, "el grado de afectación sería especialmente intenso, no solo por tratarse de un espacio estrictamente privado, sino también por la posición institucional del titular, cuyo domicilio constituye un ámbito especialmente sensible desde la perspectiva de la privacidad y la seguridad personal".

Por otro lado, Calama ha estimado la postura formulada por Anticorrupción de permitir la personación como acusaciones populares de PP, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias si abonan una fianza de 5.000 euros, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

"USO INDEBIDO" DEL DINERO DEL RESCATE

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían -explicaba la AN en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias- "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".

"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.

Anticorrupción refería las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.

También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".