La derogación del decreto de prórroga de alquileres ha dejado en el aire cerca de un millón de contratos, según datos de Sumar. Se trata de aquellos que expiran entre marzo de 2026 y diciembre de 2027, y que podían acogerse a una medida diseñada para paliar los efectos de la Guerra de Irán.

Durante el mes en que la norma estuvo vigente, miles de inquilinos solicitaron la prórroga a sus caseros mediante burofax. Sin embargo, la falta de convalidación en el Congreso ha generado una gran incertidumbre sobre qué ocurrirá ahora con esas peticiones. 

UN DECRETO SIN RESPALDO

El decreto fue aprobado en marzo por el Gobierno con el impulso de Sumar. Entre otras medidas, contemplaba limitar la subida del alquiler al 2% anual y permitir a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de sus contratos.

No obstante, la norma ha quedado sin efecto tras no conseguir los apoyos necesarios en el Congreso. PP, Vox y Junts votaron en contra, mientras que el PNV se abstuvo, lo que ha provocado que el texto decaiga definitivamente. 

MILES DE INQUILINOS AFECTADOS

Durante su breve vigencia, la medida podía beneficiar hasta a 2,7 millones de personas. Aunque no hay cifras exactas, miles de inquilinos llegaron a solicitar la prórroga de sus contratos dentro del plazo legal.

Ahora, todos ellos se enfrentan a un escenario incierto, en el que no está claro si esas solicitudes siguen teniendo validez tras la derogación del decreto.

INCERTIDUMBRE JURÍDICA

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha reconocido que la situación es de “incertidumbre total”. Según ha advertido, se abre un escenario que podría derivar en un aluvión de reclamaciones judiciales.

El problema radica en el posible “vacío legal” que deja la caída del decreto, lo que genera dudas tanto entre inquilinos como entre propietarios. 

INTERPRETACIONES ENFRENTADAS

No existe un criterio único entre los expertos. Algunas interpretaciones sostienen que solo podrán mantenerse las prórrogas de contratos que vencieron durante el mes en que el decreto estuvo en vigor.

En esta línea, la catedrática Matilde Cuena considera que solicitar la prórroga no obliga al arrendador si el contrato no había vencido en ese periodo, y advierte de que aplicar la medida en otros casos podría suponer un “fraude constitucional”. 

DERECHO CONSOLIDADO PARA LOS INQUILINOS

Frente a esta visión, asociaciones como Asufin y Facua defienden que los inquilinos que solicitaron la prórroga mientras la norma estaba vigente tienen derecho a mantenerla.

El catedrático Julio González también respalda esta interpretación, al considerar que el decreto era plenamente válido desde su entrada en vigor, por lo que los derechos ejercidos durante ese tiempo quedarían protegidos.

Desde el sector inmobiliario, algunas voces apuntan en la misma dirección. Sostienen que la derogación no tiene efectos retroactivos y que las prórrogas solicitadas correctamente podrían considerarse consolidadas. 

POSIBLE OLA DE DEMANDAS

La falta de claridad jurídica anticipa un aumento de los conflictos. Tanto inquilinos como propietarios podrían acudir a los tribunales para defender sus posiciones.

Esto podría traducirse en una avalancha de litigios que termine marcando el criterio definitivo sobre cómo aplicar la norma tras su derogación. 

¿HABRÁ UN NUEVO DECRETO?

El futuro de la medida sigue en el aire. La división dentro del Gobierno entre PSOE y Sumar ha sido evidente durante todo el proceso.

Mientras Sumar insiste en volver a llevar el texto al Congreso, desde el ala socialista se apuesta por negociar nuevos apoyos que permitan aprobar una norma similar.

SIN RESPUESTA CLARA

A día de hoy, no existe una solución única para los inquilinos afectados. Cada caso dependerá de factores como la fecha de vencimiento del contrato o la interpretación jurídica que finalmente se imponga.

Hasta que haya un criterio claro, el mercado del alquiler queda sumido en una situación de inseguridad que afecta a miles de contratos en toda España.