Sánchez amenaza con llevar el pacto de PP y Vox en Extremadura a los tribunales

Es pronto para actuar porque, de momento, el pacto firmado entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola en Extremadura solo recoge compromisos. Pero Pedro Sánchez no desaprovechó este viernes la oportunidad de advertir de que, en caso de que su contenido llegue, efectivamente, a plasmarse en leyes, el Gobierno lo combatirá "con toda la fuerza del Estado de derecho" como, remarcó, ya ha hecho en los últimos tres años con otras iniciativas puestas en marcha por los gobiernos de la derecha en asuntos relativos a la memoria histórica o la interrupción voluntaria del embarazo.

El escenario no podía ser más conveniente para que Sánchez lanzara, guerrero, su advertencia: reunido en el Palau de Pedralbes de Barcelona con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en el arranque de un fin de semana consagrado a articular una respuesta progresista global al avance de la ultraderecha en tres actos interrelacionados (la primera cumbre entre España y Brasil, el encuentro de líderes En Defensa de la Democracia y el foro socialdemócrata Global Progressive Mobilisation) y en vísperas de su primera incursión, este domingo, en la campaña andaluza para las elecciones del 17 de mayo.

"Que tengan la total y absoluta garantía los extremeños de que eso es lo que va hacer este Gobierno, defender sus derechos y libertades, defender la legalidad que es aprobada democráticamente por una mayoría parlamentaria en las Cortes y, por supuesto, defender -añadió, acompañado de Lula, en una rueda de prensa conjunta- otro tipo de modelo de sociedad".

El acuerdo suscrito por Guardiola otorga a Vox la vicepresidencia del Gobierno y dos consejerías (Familia, que incluye Servicios Sociales, y Agricultura) e incluye medidas como el rechazo al reparto de menores no acompañados y la restricción de servicios públicos a inmigrantes en situación irregular. Uno de sus puntos más polémicos es el que establece la "prioridad nacional", explicada como la "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Un planteamiento cuya legalidad puso en duda ayer incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El texto también contempla, en todo caso, la supresión total de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen "directa o indirectamente" en promocionar, facilitar o sostener la inmigración irregular y el recorte del 50% en las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que "carezcan de utilidad pública".

Sin terreno alguno a la improvisación, Sánchez se explayó en una respuesta convenientemente preparada. Primero, apeló a lo emocional y recurrió a la biografía del flamante vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para hacer una oda a los emigrantes extremeños y a todos aquellos padres que vieron partir a sus hijos a otras ciudades de España o al extranjero con "el deseo de que los países de acogida les dieran derechos de ciudadanía". "Este pacto traiciona la historia de Extremadura", dijo. Cuerpo pasó parte de su infancia y adolescencia en Suiza porque sus padres, ambos profesores de secundaria, se sacaron una oposición del Ministerio de Educación para enseñar español fuera.

El jefe del Ejecutivo también criticó el acuerdo con argumentos económicos. Y esgrimió que la decisión de PP y Vox de hacer "casus belli" de la apuesta del Gobierno por las energías renovables supone en la práctica un "frenazo" a la reindustrialización de la región. "Un Gobierno que dice querer que los extremeños vivan en su tierra no puede frenar al mismo tiempo los proyectos que generan empleo y oportunidades", recriminó

Y, por último, fue a lo ideológico y advirtió de que bajo el término "desregulación", que figura en el acuerdo, se esconde, un recorte que afecta no solo a las administraciones sino a las ONG que llegan "donde el Estado no alcanza", con la intención de desmantelar la estructura asociativa que "no comulga" con el modelo de la derecha y la ultraderecha.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya había avanzado la posición del Gobierno por la mañana. En una entrevista en La Sexta anunció que llevará a los tribunales o ante el Constitucional todo lo que sea "discriminatorio y contrario a derecho" y acusó al PP de poner a Vox "la alfombra roja para gobernar". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), fue más directa: tildó el acuerdo de "racista" y advirtió de que los puntos referidos a menores migrantes son "papel mojado" porque la ley obliga a todas las comunidades a garantizar su acogida.

En el Ejecutivo hay dudas de que a la hora de la verdad el pacto sellado por Guardiola, la misma dirigente popular que en su primera campaña, en 2023, aseveró que no podía dejar entrar en el Gobierno a aquellos que "deshumanizan a los inmigrantes" vaya a ejecutarse en sus términos. "El papel lo aguanta todo", ironizó el presidente. Pero solo su retórica ha proporcionado a los socialistas un argumento para apuntalar su discurso de cara las andaluzas del mes que viene.

Paradójicamente, Sánchez eludió pronunciarse ayer sobre las acusaciones de "clasismo" y "racismo" vertidas por su vicepresidenta 2ª, Yolanda Díaz, contra Junts y Carles Puigdemont. A una pregunta sobre la cuestión, replicó que a quien ha escuchado declaraciones xenófobas es a Vox para, acto seguido, proclamarse orgulloso de su regularización masiva.