La utilidad de votar o no votar es compleja. Más teniendo en cuenta que, en cada comunidad, cada escaño autonómico es un número distinto de electores. El tamaño de las circunscripciones, la barrera electoral, el número de representantes regionales. Son muchos los factores que influyen a la hora de determinar que en Soria, por ejemplo, un procurador representa a 15.314 electores, mientras que en León la cifra asciende a 32.637. También por qué en El Hierro, en las últimas elecciones autonómicas, un diputado representó a 3.730 votantes, mientras que en Tenerife se multiplicó por 13. O por qué la diferencia entre Álava y Vizcaya se multiplica por cuatro.

Pero la desigualdad no es solo cosa de circunscripciones. Si se analizan las comunidades en su conjunto, también hay enormes diferencias. En La Rioja, por ejemplo, un diputado autonómico equivale a 7.634 electores. En Andalucía, la cifra se situó en los 60.935. "Esta desigualdad responde a dinámicas propias de cada región, a espacios, a disponibilidad presupuestaria... Existe una disparidad muy importante entre los 17 sistemas autonómicos", constata Cristóbal Torres, expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Aunque las leyes electorales de cada región son similares -partidos con listas cerradas, sistemas proporcionales y barreras legales para lograr representación-, el reparto de escaños varía. La diferencia del precio de un representante radica, principalmente, en el tamaño de cada Parlamento en relación a la población. En el caso de las circunscripciones, es por el funcionamiento de cada sistema.

EQUILIBRIO TERRITORIAL

La inclusión del artículo 152.1 en la Constitución buscaba un sistema proporcional que permitiese "la representación de las diversas zonas del territorio"; es decir, que las regiones más pequeñas no quedasen silenciadas. Por ello, cada comunidad estableció diferentes criterios. Es lo que se conoce como prorrateo, que mide la equivalencia entre la proporción de escaños y la población con derecho a voto. Según explica el politólogo Pablo Simón, parte del desequilibrio radica en esta medida, ya que "si se aplica el principio de 'un hombre, un voto', los diputados irían todos a las circunscripciones más pobladas y todo el mundo ignoraría a los territorios con menos población". El sistema asegura que lo que diga un soriano o un conquense tenga un peso mínimo. Pero cumplir con ello genera un inconveniente en las regiones con múltiples circunscripciones, ya que los lugares con menor población tienden a estar sobrerrepresentados frente a los más poblados.

Un ejemplo es Castilla y León, donde las provincias con más electores como Valladolid tienen menor proporción de escaños que otras como Palencia o Soria. Mientras que en los distritos grandes el sistema traduce fielmente los votos en representación, en los pequeños funciona como un embudo. Al haber pocos escaños en juego, es difícil para los partidos minoritarios.

EL TAMAÑO IMPORTA

Al hablar de problemas del sistema, el primer concepto que se critica es el método D'Hondt, utilizado para la asignación de asientos. Sin embargo, la disparidad "es más imputable al pequeño tamaño de los distritos que a la propia fórmula matemática", explica Joan Oliver Araujo en su libro 'Los sistemas electorales autonómicos'. "Es el elemento más determinante de la proporcionalidad", asegura. Pablo Simón coincide en que no es solo culpa de la matemática. "Cuantos más diputados haya en una circunscripción, más proporcional es el resultado", señala. Para medir esta distorsión, la ciencia política recurre al Índice de Gallagher, una herramienta que la calcula comparando el porcentaje de votos de cada partido con el porcentaje de escaños que obtiene. Cuanto más cerca de cero esté el índice, más fiel es el reflejo del Parlamento respecto a las urnas. Exceptuando el caso de Formentera -donde el reparto de un único escaño condena a la irrelevancia a cualquier voto que no vaya al ganador-, los distritos que adjudican menos de ocho asientos autonómicos presentan niveles altos en el citado índice. Barrera legal o real Las autonomías utilizan un umbral legal para que las formaciones accedan a los parlamentos. A excepción de Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana, todas marcan su barrera en el 3% o el 5% de los votos válidos en cada circunscripción. Una medida que persigue evitar una excesiva fragmentación parlamentaria y facilitar la gobernabilidad. No obstante, en la mayor parte de los casos analizados es un instrumento vacío, ya que el coste de ganar el último escaño es mayor que el umbral. En las últimas autonómicas, en dos de cada tres distritos (40 de 61) el umbral 'real' -el porcentaje con que un partido obtuvo el último escaño- se situó por encima del legal. En distritos pequeños, este es tan alto que anula la barrera legal. Esto empuja al ciudadano al voto estratégico o a abstenerse. "La gente anticipa que su voto se pueda quedar sin representación y vota al que menos le disgusta", señala Pablo Simón. Una barrera legal alta o una barrera 'real' muy superior puede desincentivar al votante, ya que percibe que su voto solo es válido si elige a uno de los partidos mayoritarios.