Empleo

Sin cita previa para poder jubilarse en más de la mitad de las oficinas de la Seguridad Social

La OCU denuncia el "colapso" en las citas previas en más de la mitad de las provincias españolas, y un plazo de espera "excesivo" en las que sí se consigue hora

Una pareja de jubilados, en un parque
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Una pareja de jubilados, en un parquePIXABAY
Una pareja de jubilados, en un parque

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Agencia Colpisa

Publicado el 17/03/2026 a las 05:00

El "colapso" que se está viviendo en las oficinas de la Seguridad Social en estos últimos años, a causa de una plantilla insuficiente y cada vez con más tareas, está llevando a miles de trabajadores a sufrir largas esperas para poder llevar a cabo los papeleos necesarios para poner fin a su etapa en el mercado laboral y dar el siguiente paso hacia la jubilación. Y eso en el mejor de los casos, puesto que conseguir una cita previa para convertirse en pensionista -requisito indispensable para lograrlo, puesto que desde la pandemia no es posible hacerlo de forma presencial- se está convirtiendo en tarea imposible. Y no solo sucede aquí, sino que este problema se extiende también a la hora de realizar otro trámite mucho menos gratificante pero necesario: apuntarse en la lista del paro, puesto que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también está desbordado.

Así lo denunció este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, tras las continuadas quejas de los usuarios, ha llevado a cabo un estudio práctico en el que evalúa la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y se centra en un trámite crítico: solicitar la pensión de jubilación.

El análisis se llevó a cabo en oficinas de 26 provincias españolas, con seis intentos a lo largo de dos semanas, y los resultados muestran que "la situación sigue siendo inaceptable", con "demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas regiones", según advierte la organización. Es más, en más de la mitad de los intentos no se consiguió hora en la misma ciudad. De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos.

MÁS DE 20 DÍAS DE ESPERA

Entre las grandes ciudades, solo Bilbao, Murcia y Málaga presentan tasas "moderadamente aceptables" de disponibilidad, señala la OCU, aunque a costa de "unos plazos excesivos", lo que supone "una demora incompatible con los principios de servicio público eficiente y próximo". Así, en Bilbao se necesitan 28 días de espera para conseguir una cita previa, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.

Este mismo análisis lo realizó la OCU para realizar otro trámite: solicitar la prestación por desempleo en el SEPE, un trámite de urgencia que debe completarse en un máximo de quince días hábiles para no perder derechos económicos. Aunque los resultados son algo mejores que en el INSS, la organización de consumidores señala que "la situación dista de ser razonable". Así, en Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia. Y en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después, "unos plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite online, aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas".

ACABAR CON LAS CITAS PREVIAS

Por todo ello, la OCU exige poner fin a la cita previa obligatoria para la atención presencial, al menos para trámites urgentes, y crear un carril prioritario. Hasta que esto ocurra, recalca que es imprescindible habilitar una atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos. En esta línea, demanda que las principales oficinas de la administración pongan a disposición de los ciudadanos mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, la OCU propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.

Por último, la organización reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de cinco días y el resto en un máximo de diez.

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