Marcha atrás al recorte de hasta 400 euros al mes que la Seguridad Social estaba aplicando desde el pasado 1 de enero a las pensiones de aquellos trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima y decidieran adelantar su jubilación de forma voluntaria. De esta forma, dejará de aplicarles una penalización por retirarse antes de la edad legal que podía llegar a triplicar la que se había pactado en la última reforma, según han confirmado fuentes del departamento.

Desde inicios de año la Seguridad Social eliminó las condiciones ventajosas que tenían los trabajadores que estuvieran cotizando por la base máxima. Sin previo aviso, puso fin al periodo transitorio especial que se extendía hasta 2033 y equiparó de golpe y porrazo sus coeficientes reductores con los del resto de cotizantes, lo que podía suponer un golpe de hasta 5.600 euros al año. La medida la adoptó tras considerar que "el marco normativo transitorio se había visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria", y, por tanto, ya no tenían que ser beneficiados con unas penalizaciones inferiores.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social, tras analizar la situación, ha decidido finalmente continuar adelante con este periodo transitorio para cumplir con las reivindicaciones de CCOO y UGT -que lo habían denunciado- y, por tanto, la penalización máxima que volverá a operar para aquellos trabajadores con rentas superiores a los 61.124 euros brutos al año (14 pagas anuales de 4.366 euros) será de un máximo de 305 euros cada mes para aquellos que se retiren dos años antes de tiempo, frente a los 705 euros que pensaban bajarles. Teniendo en cuenta que la pensión máxima está ahora fijada en 3.359 euros, la nómina para estos casos se quedará en 3.054 euros y no en los 2.654 que se querían implantar.

No obstante, la solución todavía sigue a la espera. El ministerio aún no sabe cuándo volverán a entrar en vigor los coeficientes reductores fijados en la norma para 2026 y que situaban el recorte máximo -para quienes hubieran cotizado menos de 38,5 años y adelantaran su jubilación en 24 meses- en un 9,10%, y no en el 21% previsto para 2033. Según alegan, aún están analizando la mejor forma de hacerlo jurídicamente. Tampoco han sabido aclarar qué pasará con aquellas personas que se hayan prejubilado a lo largo de estos dos meses con peores condiciones.

Endurecer el castigo 

La medida adoptada por la Seguridad Social respondía a la reforma introducida en 2022 para endurecer los castigos por los retiros anticipados. Su objetivo era desincentivar esta práctica, muy extendida, con unos coeficientes reductores que se aplicaran sobre la pensión final y no sobre la base de cotización que, en algunos casos, ya superaba el límite máximo y, por lo tanto, apenas repercutía en los ingresos finales para los prejubilados.

El periodo de transición acordado para alcanzar la penalización máxima del 21% estaba fijado en diez años, de 2024 a 2033, de los que sólo han transcurrido dos (el primero con una reducción máxima de hasta el 5,7% y el segundo del 7,40% al que ahora finalmente seguirá el 9,10% previsto). Sin embargo, la letra pequeña de la disposición transitoria 34 recogía que la evolución de la pensión máxima dejaría sin vigor esta aplicación gradual cuando las prestaciones se equiparan a las que estaban fijadas antes de la reforma, como ya habría ocurrido este año. Y es que, aunque en 2021 la penalización se fijaba con un 0,5% por cada trimestre adelantado, hasta un máximo del 4% por los dos años de anticipación voluntaria, entonces la mayor prestación para el colectivo era de 2.707,49 euros.