Política
El Gobierno da casi por segura su derrota en la negociación del escudo antidesahucios
La férrea oposición de Junts y la falta de un diálogo directo con la formación secesionista deja poco margen para un cambio de última hora


Publicado el 23/02/2026 a las 05:00
De nuevo, una votación al límite. De nuevo, todo en manos de Junts. El Gobierno someterá este jueves a la convalidación del Congreso tres reales decretos leyes: el de las ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y Gelida y los dos en los que dividió el que, pese a incluir un asunto tan delicado como la revalorización de las pensiones, tumbaron el pasado 27 de enero el PP y Junts, molestos por la estratagema utilizada una vez más por los socialistas y Sumar para tratar de soslayar su falta de mayoría parlamentaria mezclando en un mismo texto asuntos sobre los que hay un amplio consenso con otros que de manera aislada no lograrían aprobar. Ahora, la prórroga del escudo social, una de las banderas del Ejecutivo en vigor desde 2020, está más que en el aire.
El alza de las pensiones, finalmente planteada en un real decreto ley aislado, y las ayudas por los accidentes de tren están más que garantizadas. Pero nada se ha movido desde que la formación de Carles Puigdemont advirtió de que no daría su brazo a torcer con la moratoria contra los desahucios incluida entre el conjunto de medidas concebidas por las fuerzas de la izquierda como protección para las familias vulnerables. A pesar de que el PNV, que se mantenía en posiciones similares a las de los posconvergentes, logró que la nueva redacción excluya de la suspensión de los lanzamientos a los propietarios con solo una o dos viviendas, los de Puigdemont siguen considerando que la iniciativa no solo "no soluciona el problema". También que es enormemente "injusta" por obligar a ciudadanos comunes a cargar con el coste de un sostén que, en todo caso, debería corresponder al Estado.
Para que el controvertido real decreto ley no decaiga bastaría con que la formación independentista opte por la abstención de sus siete diputados. Fuentes del Ejecutivo admiten, sin embargo, que son muy pesimistas, aunque se resistan a dar nada por definitivamente perdido hasta el último momento. La propia portavoz del partido catalán, Míriam Nogueras, echó un jarro de agua fría el martes sobre aquellos que pudieran haberse hecho ilusiones pensando que la claudicación del PSOE con la proposición de ley contra la multirreincidencia -una de las cuestiones que los posconvergentes mantenían en la lista de 'debes' del Gobierno- les llevaría a adoptar una actitud más flexible.
Inicialmente, en Moncloa sí percibieron una rendija para convalidar el texto. Pero pronto se esfumó. El principal problema es que ni siquiera es posible negociar con otras cuestiones. Los reales decretos leyes, una vez aprobados por el Ejecutivo, son lentejas. Y aunque luego quepa tramitarlos como proyectos de ley y enmendarlos, el partido en el poder siempre encuentra la forma de eternizar el proceso. Pero es que, además, si el PSOE quisiera ofrecer contrapartidas en otras iniciativas legislativas solo podría hacerlo por vía interpuesta, porque no existe interlocución directa con Junts desde la ruptura de noviembre.
NO HABRÁ TRES
En el Gobierno están convencidos, en todo caso, de que hay poco que hacer y de que la posición de los secesionistas responde a una estrategia política global más que al contenido técnico del texto. Fuentes de Moncloa ya admiten, de hecho, que, aunque les plantee un problema con los socios de la izquierda -que achacan el auge de Vox y la desmovilización de su electorado a la tibieza del Ejecutivo a la hora de impulsar medidas sociales ambiciosas-, no harán un tercer intento con un nuevo real decreto ley. "Quizá lo mejor sea señalar a los que lo tumban", dicen.
Siguen pensando que lo único que puede producir un cambio en las dinámicas es el retorno de Puigdemont, pendiente del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, que debe decidir en los próximos meses si amnistiar la malversación y el terrorismo contraviene la normativa comunitaria, y del Constitucional español. Aunque, entre tanto, se afanan en seguir haciendo gestos y ya negocian con Podemos, por ejemplo, la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat que Junts defiende como imprescindible y los morados tumbaron en septiembre.