Del premio. al castigo. El Gobierno baraja dar un giro a su política fiscal en materia de vivienda introduciendo, por primera vez, penalizaciones en la declaración de la renta a aquellos caseros que eleven los precios del alquiler cuando toque renovar los contratos. Así lo confirmaron este viernes los ministerios de Vivienda y Hacienda a este periódico.

Se trata, eso sí, de una propuesta inicial en la que están trabajando y aún "no hay nada cerrado" -según recalcaron desde el Gobierno- y que, además, tiene muy complicado ver la luz puesto que Sumar ya ha mostrado su oposición a esta medida que, además, tendría que ser refrendada por el Congreso, algo improbable.

La idea -que surge después del fracaso del plan para bonificar al 100% a los propietarios que bajen las rentas- es jugar con la deducción que ya existe en el IRPF para que no se aplique de forma general y se module en función del precio fijado por los caseros. Es decir, se abre la puerta a rebajar, a aquellos caseros que eleven los precios de los nuevos contratos, ese descuento del 50% que hoy en día permite a todos los arrendadores personas físicas tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen de los ingresos por alquiler. Una rebaja que "en ningún caso" llegaría al 0% para mantener así un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) frente a los turísticos o de temporada, según aclaran fuentes del Ministerio de Hacienda, que recalcan además que no afectaría al incremento anual permitido por ley en función del IPC.

La fórmula permitiría así combinar estos desincentivos con los incentivos incluso de hasta el 100% a los propietarios que bajen el precio del alquiler. Con esta iniciativa, que está aún bastante verde y en periodo de debate interno, el Gobierno da un paso adelante para desatascar los incentivos fiscales para propietarios que bajen las rentas que el presidente, Pedro Sánchez, anunció en enero, pero que tuvo que meter en el cajón ante la firme oposición de sus socios, que apuestan por obligar a prorrogar los contratos con los mismos precios.

SUMAR, EN CONTRA

Sin embargo, esta nueva propuesta tampoco convence a Sumar, que la tildan de "cosmética" y "sin capacidad real" para aliviar la carga de los inquilinos ante subidas del precio del alquiler del 40%. Así, la formación de Yolanda Díaz recalcó este viernes que "la prórroga automática de los alquileres es la única propuesta sobre la mesa con un impacto real y no cosmético en el mercado del alquiler". En este sentido, defienden que los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, "por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal". Su objetivo último es congelar los 300.000 alquileres suscritos en pandemia y que afrontan una subida del 46%.