El Gobierno se resiste a dar por perdido el 'escudo social' y las medidas que forman parte del real decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros, después de haber llevado a un texto aparte, como exigían el PP y Junts, la subida de las pensiones. Los posconvergentes no han confirmado aún, según fuentes de la dirección, el sentido de su voto y todavía hay un mes de margen antes de que el Congreso tenga que pronunciarse, pero ya ha dejado ver sus reticencias hacia la moratoria antidesahucios pese a las modificaciones pactadas por el PSOE con el PNV para que los pequeños propietarios no se conviertan en víctimas de situaciones de vulnerabilidad.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostró este miércoles esperanzado con que, cuando llegue el momento, los números salgan. "Vamos a seguir trabajando para que ambos decretos merezcan la confianza de la Cámara y se conviertan en ley en nuestro país", afirmó. El problema es que desde noviembre no hay interlocución directa con la formación de Carles Puigdemont, que acusa al Ejecutivo de no cumplir buena parte de los compromisos adquiridos; desde la oficialidad del catalán en la UE a la amnistía de su líder, pasando por la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat. Así que solo queda un recurso: la presión.

Hasta la fecha, Junts se ha mostrado bastante inmune a las estrategias diseñadas para persuadir a sus dirigentes por la vía de señalarlos como insensibles a las necesidades de los más desfavorecidos. Pero en Moncloa no desisten. Bolaños lo hizo sin personalizar, con un mensaje que vale tanto para la formación independentista como para el PP, su principal rival. "Votar 'no' -dijo- es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sin embargo, sí se mostró más directa en una entrevista en TVE.

"Ellos que son tan nacionalistas y tan independentistas -arguyó la ministra-... pues muchas de esas personas que hoy están con esa desazón, con esa inquietud, pensando en el futuro y en sus vidas son también catalanes. En torno a 12.000 o13.000 personas, es el dato que tenemos de la Generalitat; que no piense en el Gobierno y piense en ellas". Además, advirtió de que si el decreto decae, con el decaerán también otro tipo de ayudas. "Tendrán que explicárselo a todos los catalanes que han hecho obras en sus casas confiando en esas deducciones fiscales que recoge el texto", dijo a modo de ejemplo.

IMPACTO INDETERMINADO

Todas las miradas se dirigen a la formación catalana porque, aunque Podemos se ha mostrado enormemente crítica con la modificación pactada con los nacionalistas vascos (hasta el punto de tildarla el martes de "criminal") en el Gobierno dan por seguro que no osará votar en contra de todo el decreto. El resto de fuerzas de la izquierda asumen que esa concesión es el mal menor. Y el Ejecutivo argumenta, aunque no da cifras, que el impacto sobre las familias vulnerables no será tan elevado.

Según los datos que manejan tanto los partidos del Gobierno como las organizaciones sociales, la moratoria de los desahucios -en vigor desde 2020- ha servido de amparo a entre 50.000 y 60.000 familias. El pacto con el PNV implica que aquellas que vivan en casas cuyo propietario solo tenga una o dos viviendas sí podrán ser desalojadas porque la administración estará obligada a darles prioridad a la hora de buscar una alternativa habitacional que permita al arrendador recuperarlas. Pero, según Rodríguez, la "mayor parte" de los afectados no pertenecen a este grupo sino que ocupan viviendas vacías de bancos o fondos buitre.

Al igual que los socialistas, Sumar mantiene su intención de "volver a traer las veces que sea necesario" el 'escudo social' hasta que este sea convalidado de forma definitiva en la Cámara baja. La coordinadora general del partido magenta, Lara Hernández, con un argumentario similar al del socio mayoritario de la coalición, advirtió que no se entendería que formaciones políticas excluyan de protección social a personas vulnerables.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, reiteró su rechazo a este paquete de medidas por contener la moratoria y acusó al Gobierno de "estar expropiando al arrendador el derecho a cobrar su renta". Un tipo de "expropiación", apuntó, propia de "otras latitudes". El líder del PP cree "inaudito" que se obligue a un propietario a "renunciar" a su renta del alquiler porque el Ejecutivo es "incapaz de ayudar a una familia vulnerable".