La Policía Nacional ha detenido esta semana a Francisco de Borbón y Hardenberg -hijo del fallecido duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany- en el marco de la operación contra la red de narcotráfico que supuestamente encabezaba Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), capturado en 2024 por Asuntos Internos, al que se le encontraron más de 20 millones de euros en efectivo y que escondió parte de ese dinero emparedado en su chalet. 

Según fuentes de la investigación, Borbón -que es primo en cuarto grado de Felipe VI y aspirante al Ducado de Sevilla, que se disputa con su hermana Olivia- pasará este miércoles 4 de febrero ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, por un presunto delito de blanqueo de capitales tras su detención, dirigida por la Fiscalía Antidroga.

El aristócrata, que ha sido arrestado junto a otras tres personas en esta nueva fase del operativo, está acusado de colaborar supuestamente en el lavado de capitales procedente de la red que introducía grandes cantidades de cocaína en los puertos españoles a través de contenedores marítimos y gracias a la ayuda del inspector jefe arrestado. Los investigadores vinculan a Borbón con una empresa de criptomonedas usada para el lavado del dinero de la droga.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, considerado el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Presuntamente, el exjefe de antiblanqueo introducía datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas. A cambio de dinero recibido por los "narcos", con este mecanismo el responsable policial detectaba si eran objeto de otras pesquisas policiales y podía alertar a los cabecillas del grupo criminal.

"Su elevada posición en el organigrama de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) le permitía el acceso a toda la información relevante sobre investigaciones de blanqueo y de tráfico de drogas que pudieran iniciarse", apuntó el juez en un auto.

De hecho, puso como ejemplo que el exjefe de la UDEF "no pudo evitar la incautación de un contenedor de 1.650 kilos de cocaína" en mayo de 2021, pero sí pudo "minimizar los riesgos para la organización".

Subrayó, además, que el investigado "desde hace al menos cinco años viene recibiendo continuos pagos" a través de una estructura societaria creada por Ignacio Torán, presunto líder de la organización, "procediendo al blanqueo e introducción de estos en el sistema económico legal".