El Gobierno no necesitará la autorización del Congreso para enviar personal militar a Groenlandia si reduce la operación a unas maniobras y cuenta, además, con autorización del país receptor, en este caso, Dinamarca. La Ley Orgánica de la Defensa Nacional contempla que, por norma general, el Ejecutivo deberá consultar previamente y recabar la autorización de la Cámara baja para todo tipo de intervenciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional.

Esto se aplica a algo más de unas meras maniobras, y se refiere a misiones de paz, operaciones de mantenimiento de estabilidad o cualquier despliegue que no derive de una amenaza directa a la seguridad española o de compromisos de defensa pactados explícitamente.

Incluye despliegues vinculados a operaciones de paz de la ONU, misiones de la OTAN y todo tipo de despliegues por compromisos internacionales.

En el caso del despliegue de tropas en Ucrania o Palestina, aunque el Gobierno no ha avanzado muchos detalles, sí se trataría de tropas de paz cuya misión sería mantener un alto el fuego -algo que no se ha producido en el caso de la invasión rusa-. Se haría también bajo bandera de una coalición internacional, ya sea la ONU, como el caso de Gaza, o mediante la llamada coalición de Voluntarios, en el caso de Kiev. Por eso, el Ejecutivo debería acudir previamente a la Cámara baja. Por ello, el presidente iniciará la semana que viene una ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

MANIOBRAS MILITARES

En el supuesto de Groenlandia, dependería de en qué calidad se produce el despliegue militar español. Moncloa trata de revestir este apoyo en unas simples maniobras, por lo que no haría falta, siempre que no se salga de este supuesto, el permiso parlamentario. Siempre y claro, cuando el país receptor, en este caso Dinamarca, dé su permiso.

Otros supuestos que recoge esta ley son los procedimientos de urgencia. Cuando por razones de emergencia no sea posible pedir la autorización antes del despliegue, el Gobierno debe someter al Congreso lo antes posible la decisión que haya adoptado para una ratificación posterior.