La situación de los incendios mejora sobre el terreno, pero la bronca política no termina de remitir. El Senado y las cámaras autonómicas se han convertido en el escenario donde los partidos tratan de dirimir ahora las responsabilidades por la gestión del fuego, con comparecencias cruzadas y acusaciones de tono elevado. Los llamamientos a recuperar cierta unidad para evaluar los daños y buscar soluciones con la vista en el futuro caen, todavía, en saco roto.

Las Cortes de Castilla y León fueron un ejemplo este viernes de que la disputa parece tener un largo recorrido. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acudió al Parlamento regional a explicar su actuación durante los incendios, pero se encontró un ambiente hostil. Primero, a las puertas de la cámara, fue recibido con gritos de "Mañueco, cabrón, trabaja de peón" por varios cientos de personas, entre ellos, miembros de los operativos de extinción, que exigían mejoras en sus condiciones laborales. Después, ya en el hemiciclo, escuchó duros reproches de la oposición, todo ello en un contexto particular: Castilla y León tiene previsto celebrar elecciones dentro de seis meses, en marzo del próximo año.

Escoltado por alcaldes y presidentes de diputación del PP, Mañueco reconoció que "se han cometido errores" y que "toda crisis por definición es imperfecta y siempre mejorable", pero subrayó que "quien crea que esta situación es local o autonómica está equivocado" y reclamó que no se haga política de los incendios para buscar "réditos partidistas". La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, respondió que el presidente popular salía de la comparecencia "políticamente sentenciado", mientras que el diputado del Grupo Mixto Francisco Igea reclamó la dimisión de Mañueco, del que dijo que tiene "un Gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenzas". También pidió su dimisión el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que lo acusó de "no tener vergüenza ni ética" y adelantó que acudirán a la Fiscalía para "sentarlo en los tribunales". Finalmente, Vox denunció que el Estado "no ha aparecido" durante esta crisis.

En las otras dos comunidades gobernadas por el PP que han sufrido con más voracidad los incendios, Galicia y Extremadura, el panorama político se asemeja al de Castilla y León. La oposición, liderada por el PSOE, ha exigido la comparecencia en los parlamentos autonómicos de los presidentes, aunque con diferente respuesta. En Galicia, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparecerá el 9 de septiembre a petición propia para analizar la gestión de la crisis medioambiental. En Extremadura, la presidenta María Guardiola ha anunciado que no irá al Parlamento regional, y que en su lugar será el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, quien explique la actuación del Ejecutivo autonómico. El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, censuró a Guardiola por "no dar la cara" y "estar superada" por la tragedia.

REFLEJO EN LA CÁMARA ALTA

La tensión en los parlamentos autonómicos es un reflejo, con los papeles cambiados, del clima vivido esta semana en el Senado, donde ha sido el PP el que ha hecho valer su mayoría absoluta para forzar la presencia de los ministros para rendir cuentas de la gestión del Gobierno en los incendios.

El último en comparecer fue el titular de Agricultura, Luis Planas, que criticó a los populares por pedir su comparecencia "cuando la prioridad sigue siendo la extinción". Planas explicó que se han quemado 362.472 hectáreas, de las que 35.421 corresponden a superficie agraria, y desdeñó la batería de propuestas del PP contra los incendios: "Piden el aumento del adelanto de las ayudas y de los pagos a agricultores y ganaderos hasta el 80%. No es mala fe que lo pidan, es simplemente pura ignorancia. El 16 de julio se aprobó ya ese incremento en Bruselas". Además, Planas desató el enfado de los populares al realizar una referencia a Franco. "Esta derecha no entiende lo que es perder democráticamente. Ustedes han dado un paso atrás, a ustedes les fundaron siete ministros de Franco, es parte de la historia de España, no se arrepientan", espetó.

Antes que el titular de Agricultura, pasaron por el Senado los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que defendieron la labor del Ejecutivo. En todos los casos, los populares echaron en cara al Gobierno la falta de medios y la ausencia de coordinación en la lucha de los fuegos.

Entre los rescoldos de la gresca política, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trató este viernes de abrir un espacio a los acuerdos. Desde Orense, donde se reunió con representantes sindicales de los efectivos de extinción, Díaz aseguró que "las broncas entre los partidos no arreglan los problemas de los ciudadanos" y ha señalado la necesidad de acordar "políticas de prevención, políticas agrarias y mejoras en las condiciones de trabajo" de los bomberos para evitar nuevas tragedias medioambientales. Díaz insistió en la necesidad de "cubrir ratios", "mejorar la coordinación" entre los distintos cuerpos y servicios de extinción, "mejorar su formación" e incidir en la "prevención" durante todo el año.