"Que el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo de los acusados es una imagen demoledora para los fiscales". La presidenta de la Asociación de Fiscales -la mayoritaria en la carrera-, Cristina Dexeus, no pone paños calientes a la decisión que el martes adoptó la Sala de Apelación del Tribunal Supremo para avalar el procesamiento de Álvaro García Ortiz por haber participado supuestamente en la filtración de datos confidenciales del procedimiento abierto contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un doble delito fiscal.

Dexeus, en declaraciones a Colpisa, reitera la petición de dimisión para el fiscal general que su asociación lleva exigiendo desde que el Supremo le abrieran la causa en octubre del año pasado y lamenta que, de no cesar en su cargo, García Ortiz vaya a estar presente en la apertura del Año Judicial, el próximo 5 de septiembre, en la que, como es tradicional, leerá un mensaje en presencia del Rey y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, entre otras autoridades. "Creo que debiera evitarse esa imagen, es un acto solemne, un acto muy simbólico. Debería evitarse por respeto a los fiscales y a nuestras asociaciones", insiste en conversación telefónica.

La presidenta de la Asociación de Fiscales evita, en cambio, comentar el procedimiento que actualmente afecta a García Ortiz, pero cree que, cuando se siente en el banquillo de los acusados, "será complicado que la gente considere que la fiscal que participe en el proceso esté actuando de forma neutral", alerta.

Una postura muy critica sostiene de forma similar la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que está además personada como acusación particular en este caso. Este miércoles, a través de un escrito, pidieron Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente a Álvaro García Ortiz "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral".

Aunque el fiscal general está fuera de la carrera ya que se considera que está en servicios especiales, la solicitud pide equipar su situación al resto de sus compañeros que están regidos por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta norma prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se abra juicio.

En un escrito, la asociación sostiene que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

 "Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz", insiste.

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"

En una entrevista en Onda Cero el presidente de APIF, Miguel Pallarés, defendió que es "insostenible" la situación del fiscal general tras la decisión de este martes de la Sala de Apelación del Supremo. "Desde el minuto uno, dijimos que no era compatible tener la condición de fiscal general del Estado y estar investigado por el Supremo", zanjó.

La tercera asociación de la carrera fiscal, la Unión Progresista de Fiscales, por contra, "discrepa frontalmente" de la decisión adoptada el martes por el Supremo y considera que García Ortiz "está siendo objeto de un ataque sin precedentes en democracia". A través de un audio enviado a este periódico, consideran "plenamente inocente" al fiscal general del Estado y por ello descartan pedir su dimisión. "No existe indicio alguno para abrir un juicio oral", zanjan.