La decisión del Gobierno de España de incluir en su plan de vivienda un incentivo fiscal para los caseros que bajen un 5% el precio a sus inquilinos ha sido bien acogida por fiscalistas y expertos, que apuntan a un notable ahorro que beneficiará tanto a las rentas altas como a las de menor poder adquisitivo.

Esta medida, que ya estaba incluida en la ley de vivienda pero solo para zonas tensionadas -y que ahora el Ejecutivo pretende ampliar a todo el territorio-, implicará un ahorro medio de algo más de 600 euros al año para quien se acoja a ella. "La exención de tributar los ingresos por el alquiler será siempre mayor que lo que se deja de percibir por cobrar esa renta", explica Raquel Jurado, economista del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). "También será así para las rentas más bajas, aunque lógicamente se beneficiarían más los que tienen sueldos más altos, porque pagan más IRPF", añade. Aquí está parte de la letra pequeña que queda por definir, pues el Ejecutivo pretende que la medida beneficie sobre todo a pisos alquilados por clases medias, con el objetivo de movilizar a los pequeños propietarios para relajar los precios.

Bajo ese escenario, y teniendo en cuenta que el salario bruto en 2022 para un trabajador a tiempo completo es de 30.998 euros, según la última Encuesta de Estructura Salarial (EES) del INE, los economistas del REAF han elaborado un cálculo que indica que, de media, los caseros podrían ahorrar unos 630 euros anuales con la medida.

Cabe recordar que todo depende de dónde se encuentre ubicada la vivienda y el propio precio de la misma. Pero para una persona que gane esos 30.000 euros y alquile su casa por 1.000 euros al mes, ese sería el resultado. Según los cálculos de los economistas, ese casero tendría que pagar, hoy por hoy, 6.157 euros en concepto de IRPF cuando pase por Hacienda sus ganancias del alquiler. Si decide bajar un 5% el precio del contrato, pagará 4.927 euros, lo que implicaría un ahorro de 1.230 euros en impuestos, frente a los 600 euros que dejaría de percibir por parte de su inquilino al año. Es decir, la ganancia final sería de 630 euros. Jurado confía en que la medida animará a muchos propietarios a bajar el precio de sus inmuebles, "incluso siendo conscientes de que deben renunciar a mayores ingresos por la renta".

DETALLES POR DEFINIR

Las ganancias también aparecen para los casos de rentas más altas y más bajas pero, con el fin de beneficiar a estas últimas, el Gobierno baraja alternativas, como que las viviendas de los alquileres más altos no puedan acogerse a la exención. Con estos y otros detalles aún por definir, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se mostró ayer confiada en que la medida pueda llegar al Congreso de los Diputados en tan solo dos semanas. "Ayer mismo estábamos concretando ya esa redacción de cómo tenía que ser esta reforma para hacerlo posible", apuntó, recordando que la norma también necesita una modificación legal para hacerla realidad. "Este mes de enero es periodo no hábil a efectos parlamentarios y a principios de febrero podemos estar trabajando ya esta iniciativa", insistió.

De salir adelante, esta exención fiscal también aplacaría el rechazo de algunas comunidades autónomas a poner en marcha la ley de vivienda con la declaración de zonas tensionadas, pues todos los propietarios podrán ya acceder a la bonificación si bajan los precios de sus pisos, se ubiquen o no en estas zonas.