El 'caso Erial', una de las grandes macrocausas de corrupción en la Comunidad Valenciana, ya tiene sentencia. Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat y ministro de Trabajo durante la presidencia de José María Aznar, ha sido condenado a diez años y cinco meses de cárcel. La Audiencia de Valencia le considera responsable de los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo por el cobro de una millonaria comisión por la privatización de las ITV. Deberá pagar una multa de 25 millones de euros. Un fallo previsible después de la confesión de sus principales colaboradores en la trama delictiva.

La sentencia pone punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones.

El fallo desarma las peticiones de nulidad que se efectuaron en su momento. Valida la competencia del juzgado de Valencia para investigar el cohecho -los principales movimientos se efectuaron en este territorio- y garantiza, una vez más, que el registro del despacho de Marcos Benavent, conocido como el 'yonqui del dinero', fue una diligencia legal. De igual modo, rechaza la prescripción del cohecho y que el testaferro Fernando Belhot declarara como testigo y en claro sentido incriminatorio tras haber estado imputado.

El relato de hechos probados sitúa el inicio de la actividad delictiva en 1997, cuando se produce una reunión entre Zaplana y Juan Cotino, tío de los ahora arrepentidos y que ejerció como consejero de la Generalitat, director de la Policía Nacional y después como presidente del Parlamento valenciano. Dos fueron los principales golpes judiciales que recibió la estrategia de defensa de Zaplana. Por un lado, la confesión de su testaferro uruguayo, el abogado Fernando Belhot, que representaba sus intereses desde el extranjero y que entregó cerca de siete millones de euros en el juzgado tras pactar con la Fiscalía. Por otro, y a escasas semanas del juicio, tuvo conocimiento de que su amigo de la infancia, Joaquín Barceló, también iba a reconocer que era un hombre de paja detrás del dinero y de las propiedades del exministro.

EL ENTRAMADO

Como principal contraindicio, los magistrados citan el hecho de que fuera su asesor personal el encargado de ordenar los movimientos desde la empresa que, de manera fiduciaria, administraba Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía.

La guinda a este pastel de confesiones la puso su jefe de gabinete, Juan Francisco García, que admitió que las adjudicaciones se arreglaron con la familia Cotino, empresarios que obtuvieron unas jugosas plusvalías con la venta de diferentes sociedades beneficiadas por las adjudicaciones.

De igual modo, los empresarios Cotino, como ya habían hecho en otros procedimientos de la financiación ilegal del PP, pactaron también con la Fiscalía. Quedó solo Zaplana, indefenso y sin coartada, en lo que parecía una crónica anticipada de una condena, conocida ayer.

Las mordidas se canalizaron primero a través de "un ingenioso sistema" con las empresas off shore de Luxemburgo, creadas por Juan Cotino, administradas por Paesa y que finalmente terminan en manos de Barceló y de García. Este último, por ejemplo, aprovechó la amnistía fiscal del Gobierno para 'repatriar' dos millones de euros. Pero también, prácticamente en el mismo periodo, se abren cuentas en Andorra a nombre de empresas panameñas y también de Barceló, que reciben nueve millones de euros de origen desconocido.

La Audiencia, no obstante, se lo atribuye a Zaplana. "Todo ello nos lleva a la ineludible conclusión de que este dinero lo obtuvo haciendo uso de su condición de político, que le brindaba información relevante en distintos campos, conocimiento de personas también relevantes en el mundo empresarial y financiero y, en definitiva, un destacado papel político primero en el ámbito autonómico y después en el nacional, lo que le reportó importantes ingresos de dinero, al margen de sus emolumentos oficiales", sostiene la Audiencia de Valencia.