La pasada semana negó cualquier "relación" con el "chiringuito financiero" de Madeira Invest Club (MIR), pero este jueves, sobrepasado por los acontecimientos judiciales, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, admitió que aceptó 100.000 euros "como autónomo sin factura" de la sociedad creada por Álvaro Romillo, al que calificó de "presunto estafador" y al que señala por haber pactado con Fiscalía para evitar la cárcel.

En su canal de mensajería instantánea, el eurodiputado admitió haber recibido "como autónomo" esa entrega para gastos de campaña en concepto de "pago de servicios sin factura". Reconoció que esta transacción no está permitida para cantidades superiores a los 1.000 euros, por lo que se enfrentaría una multa del 25% del total, según explicó.

Por el momento, la Fiscalía del Tribunal Supremo (donde está aforado) será la encargada de investigar si hay indicios de financiación ilegal. En caso afirmativo, remitirá una querella contra el parlamentario a la Sala Segunda (Penal). Según recoge la ley, la suma del pago recibido tendría que haber sido notificada al Tribunal de Cuentas e identificar al donante, dos circunstancias que en apariencia no ocurrieron.

Además, el líder de SALF dijo haber usado los 100.000 euros que le donó Romillo a cambio de apoyar la desregulación de las criptomonedas "para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir las dos millones de papeletas que repartió por todo el país".

Pero Alvise Pérez fue más allá y deslizó, además, que Romillo dice tener grabado al presidente de Vox, Santiago Abascal, en su negocio Sentinel BQ, el 16 de julio a las 17:20 horas. Se trata de cajeros para convertir las criptomonedas en dinero en efectivo y viceversa. No obstante, desde Vox aseguraron que estas afirmaciones son "totalmente falsas" y anunciaron que interpondrán una querella "contra todo el que diga lo contrario".

Las noticias se le acumulan al eurodiputado. Además de esta denuncia, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenó este jueves la apertura de una causa tras una denuncia de la Fiscalía por publicar una fotografía de la hija del presidente Pedro Sánchez, obtenida de su perfil privado de Instagram. Se investiga una posible revelación de secretos o vulneración de la intimidad.

ENTRAMADO SOCIETARIO

En el marco de su colaboración con la justicia, Álvaro Romillo, el empresario que denunció ante la Fiscalía General a Alvise Pérez por la entrega de los 100.000 euros, continúa revelando datos sobre sus actividades. El responsable de Madeira Invest Club (MIC), que cerró abruptamente el 15 de septiembre y dejó a cientos de inversiones sin ahorros, presentó un escrito ante el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la estafa en el que detalla su entramado societario, según ha conocido este periódico.

La defensa de Romillo reclama al juez José Luis Calama que un administrador judicial de su elección se ponga al frente de sus 13 sociedades para mantener los activos y poder resarcir con sus beneficios a los afectados por la clausura del MIC. Del mismo modo, pidió que remita una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades portuguesas con el fin de que informen del estado de las cuentas de la mercantil Sabroso LDA, para proceder a su desbloqueo así como a poner los fondos a disposición de la presente causa.

Entre estas mercantiles desveladas por Romillo se encuentran un restaurante llamado Negro Carbón en Málaga; la promotora del festival de música Selvatic Fest, también en la capital malacitana, que ha programado conciertos durante todo el verano con artistas internacionales; los autocines de Málaga para la exhibición de películas; una empresa radicada en Madrid, Elulegal SL, que gestiona establecimientos de restauración; una que arrenda hoteles o locales de hostelería llamada Wanderstay SL, también domiciliada en Madrid; y otra dedicada al comercio al por mayor de vehículos de todo tipo, PKW Italien SL. En estos negocios aparecen dos personas como administradores, Borja Lara y Alejandro Pérez.

EL ACUERDO

Fue el embargo cautelar de los depósitos en Portugal lo que precipitó el abrupto cierre del MIC. El motivo, al parecer, una investigación previa de antiblanqueo, que ya había recibido información de la CNMV y de la patronal que regula las transacciones con criptomonedas (medio digital de intercambio) en España sobre el peligro de este "chiringuito". Un fondo de inversión de alto riesgo que pudo mover unos 300 millones de euros y que ofrecía rentabilidades superiores al 50%.

Pues bien, tal y como revela en su escrito, del dinero recaudo por Romillo a través de los clientes del MIC se creó una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, autocine, festivales de música, tiendas u otras propiedades. Un conglomerado que hasta la fecha le había permitido cumplir con todos los contratos de los inversores, es decir, abonarles la rentabilidad con los beneficios de estas sociedades. Pero el bloqueo de su depósito en el país vecino, que le permitía inyectar liquidez, precipitó los acontecimientos.

Antes incluso de que los damnificados por el fondo Madeira Invest Club acudieran a la Audiencia Nacional, el acusado ya estaba en conversaciones con la Fiscalía para reconocer los hechos presuntamente delictivos y ofrecer sus activos para el pago de los inversores. Un acuerdo extrajudicial que incluyó la delación de los 100.000 euros entregados en mano al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) el pasado 27 de mayo, días antes de las elecciones europeas, y que ya investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal. Así lo atestiguarían los mensajes de móvil intercambiados entre ambos.