Política
Sánchez celebra el pacto con ERC mientras la inquietud cunde en las baronías del PSOE
El jefe del Ejecutivo alega que la "igualdad" está garantizada y que más importante que el sistema de financiación en uso es quién gobierna
Publicado el 31/07/2024 a las 05:00
Pedro Sánchez se mostró este martes exultante con el acuerdo suscrito entre las ejecutivas del PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa a cambio de permitir algo a lo que el Ejecutivo se oponía con firmeza hasta hace pocos días, la aprobación de un régimen de concierto que desconectará a Cataluña, una de las comunidades más ricas de España, del sistema de financiación autonómico general. El presidente del Gobierno argumentó, tras el habitual despacho estival con el Rey, en Mallorca, que es una "extraordinaria noticia" tanto para los catalanes como para España que pueda evitarse una repetición electoral en un territorio tan relevante y remarcó que lo pactado incluye "un compromiso con la solidaridad interterritorial, con la cohesión de los servicios públicos y con la igualdad de los españoles".
No todo el PSOE es tan entusiasta. A falta de explicaciones claras por parte de la dirección sobre cómo interpretar la letra pequeña del acuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, -que ayer consumó la amenaza de llevar al Constitucional la ley de amnistía- y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, fueron quienes, como suele ser habitual, primero mostraron su oposición a la fórmula descrita la víspera por la portavoz de la dirección de Esquerra, Raquel Sans. Según el texto hecho público ya por los partidos firmantes, el acuerdo implicaría, efectivamente, que la Generalitat "gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña" y que haga una "aportación" a las finanzas del Estado por el coste de los servicios que este presta, como ocurre con el Concierto vasco y el Convenio navarro.
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Sánchez, sin embargo, desdeñó los reparos internos. El jefe del Ejecutivo argumentó que, al margen de cuál sea el sistema de financiación, "lo importante es contar con Gobiernos, tanto en el ámbito nacional como a nivel autonómico, que crean y trabajen por la fortaleza de los servicios públicos" y advirtió, además, de que tiene el respaldo de su ejecutiva, que en una reunión convocada la víspera de urgencia aprobó a mediodía, aun con una participación presencial limitada a menos de la mitad de sus componentes, una resolución por la que se compromete a "impulsar" y "hacer efectivo" el acuerdo sellado por el PSC. Solo hubo una abstención, la del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez.
Lo cierto es que más allá de Page y Lambán, y a la espera de recibir explicaciones más claras de qué es lo que se pretende, son otros muchos los dirigentes de distintas regiones que en privado reconocen que el pacto les preocupa o no les gusta en absoluto. "Lo que tengo claro es que, si es en esos términos ( y lo parece) -señalaba un líder autonómico antes de constatar que lo descrito por Sans la noche anterior es lo que consta en el acuerdo, pendiente de validar el viernes por las bases de Esquerra - no es defendible ni justificable". "Por lo que se ve - lamentaba otro cuadro- vale todo".
Algunos advierten de que esta vez despachar los recelos circunscribiéndolos a los dos eternos críticos no funcionará. "Hoy son ellos los que están reflejando el sentir mayoritario de nuestros militantes y más importante aún, de nuestra base social y electoral" apunta un dirigente con cargo institucional. "La investidura de Illa no puede costarnos unas elecciones generales y unos consensos estatales construidos durante años; es una voladura a toda nuestra base ideológica y programática", añade.
CAUTELA
Es cierto que, en público, prima la cautela. Pero en algunas intervenciones se vislumbró este martes incomodidad. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que rechazó en marzo una fórmula como la defendida por Esquerra, no se pronunció, pero su vicepresidenta, Gimena Llamedo, recordó que en Asturias hay un acuerdo sobre financiación del que participan todos los grupos excepto Vox y que sigue en vigor el acuerdo de Santiago de Compostela. Aquel pacto, suscrito por ocho autonomías del PSOE, PP y PRC en 2021, decía, entre otras cosas, que la reforma de la financiación solo podía ser fruto de un consenso multilateral y debía quedar al margen de los espacios bilaterales entre el Ejecutivo central y cada comunidad.
El nuevo secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, también fue muy elocuente al hablar, antes de que trascendiera documento alguno, del asunto. Y si bien admitió que le falta información, añadió: "Yo no soy la señora Guardiola (presidenta autonómica gracias a Vox) que cambia sus principios por intereses. No he venido a mantenerme sino a intentar ser útil a los extremeños y si el acuerdo tiene que ver con la desigualdad de los españoles, el PSOE de Extremadura está radicalmente en contra".
Después de la resolución de la ejecutiva, en la que dirigentes como el andaluz Juan Espadas participaron de forma telemática sin, según fuentes del encuentro, expresar malestar alguno, está por ver, en todo caso, que alguien rompa unas filas. En los territorios llevan tiempo preocupados porque la estrategia de distensión hacia Cataluña, ha podido servir para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa gracias al aumento de votos en esa comunidad autónoma, pero la marca ha sufrido un fuerte desgaste en sus feudos. Sin embargo, eso no se ha traducido hasta ahora en una rebelión interna, como evidenció la difícil prueba de la amnistía.
