Una de cal y otra de arena para Carles Puigdemont. La jueza del Tribunal Supremo Susana Polo, instructora del 'caso Tsunami Democràtic', archivó este martes la causa especial abierta contra el líder de Junts y el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, por un delito de terrorismo. La magistrada de la Sala Segunda (Penal) confirmó así la decisión tomada un día antes por su colega de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de este asunto en el tribunal central, que vio cómo la Sala de Apelación anuló la práctica totalidad de su instrucción por un error del propio juez a la hora de prorrogar la investigación en 2021.

La noticia, positiva para Puigdemont porque zanjó el debate judicial sobre la aplicación de la ley de amnistía por estos hechos, contrastó con otra resolución judicial conocida este martes. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre envío una exposición razonada al Tribunal Supremo para que abra una causa e investigue a Carles Puigdemont, en su condición de aforado, y otras 11 personas por el denominado 'caso Voloh'. Se trata de las presuntas conexiones de altos cargos de la Generalitat durante el 'procés' (otoño de 2019) con las injerencias rusas en el independentismo catalán.

Si con el archivo del 'caso Tsunami Democràtic' la aplicación de la amnistía quedaba congelada, la reactivación de la causa de la trama rusa vuelve a complicar la situación del expresidente catalán si finalmente el alto tribunal admite la exposición razonada, ya que uno de los delitos que se investiga, el de alta traición, queda expresamente fuera del encaje de la medida de gracia. En el caso de las protestas callejeras de 2019, lideradas por la plataforma Tsunami Democràtic, la jueza Polo explicó que tomaba esta decisión tras la resolución del tribunal de apelación de la Audiencia Nacional presidido por Alfonso Guevara, que el lunes declaró nulas las diligencias acordadas por García Castellón en los últimos tres años por haber dictado fuera de plazo (un día) la extensión de la causa el 29 de julio de 2021. Este pronunciamiento llevó a que el juez instructor tirara la toalla y decretara el sobreseimiento de las actuaciones respecto a las diez personas que investigaba en su juzgado. Además, comunicó a su compañera Polo la nueva situación de los aforados.

La magistrada respondió este martes que antes del 29 de julio de 2021, que es el límite temporal para haber realizado diligencias, "no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa (...) ni se había acordado ni tomado declaración a ninguno de ellos -tampoco ha tenido lugar la de los aforados en el Supremo-, lo que impide que las actuaciones puedan continuar".

"EL TEMOR DE PUIGDEMONT"

Por el contrario, en las 82 páginas de exposición razonada del 'caso Voloh', el instructor Aguirre recoge la posible comisión de los delitos de alta traición, organización criminal y malversación, y dirige la causa contra Puigdemont, el también expresidente catalán Artur Mas, el abogado Gonzalo Boye, el diputado autonómico de Junts Francesc d'Asís Dalmases, la exdiputada Elsa Artadi o el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

Aguirre, que antes de remitir su escrito al Supremo determinó que el delito de alta traición no es amnistiable, detalla de forma pormenorizada los presuntos indicios delictivos existentes "sobre la amenaza real y efectiva contra la paz y la independencia del Estado" durante el 'procés', en otoño de 2017.

"Poco antes de la Declaración Unilateral de Independencia, el 27 de octubre de 2017, la injerencia rusa estuvo a u paso de dar sus frutos. Si no llegó a hacerse efectiva ese día fue porque el expresidente Puigdemont tuvo pánico, un grado muy alto de miedo y temor (...) porque la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso suponía abandonar definitivamente la pretendida aunque ilusoria protección de la Unión Europea", señala el magistrado.

Aunque Aguirre asume que su opinión sobre lo que pudo ser y no fue es "subjetiva", asegura que cuenta con la versión "autorizada" del Parlamento Europeo sobre la influencia del Kremlin en Alemania, Francia o Italia.