Esta semana no ha sido una más en la actual legislatura ni en el tiempo que Alberto Núñez Feijóo lleva al frente del PP. El pacto suscrito con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo ha demostrado que, más allá del cruce de acusaciones al que acostumbran los dos principales partidos del arco parlamentario, ambas formaciones son capaces de alcanzar acuerdos en materias tan relevantes como el Poder Judicial. Pero ese entendimiento entre Ferraz y Génova -circunscrito por ahora al Poder Judicial pero con visos de extenderse a otros órganos como el Banco de España o la Junta Electoral Central- amenaza con hacer saltar por los aires los gobiernos autonómicos (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Aragón) que el PP comparte con Vox. Al CGPJ o la campaña de las europeas -últimos motivos de fricción entre populares y voxistas- se suma ahora el hecho de que Génova esté dispuesto a apoyar la reforma de la Ley de Extranjería pactada entre la Moncloa y el Ejecutivo canario para negociar el plan estatal de reparto de 6.000 menores.

El líder de la derecha radical, Santiago Abascal, compareció este viernes tras la Asamblea General Ordinaria de su formación y advirtió de que los de Feijóo "deben cumplir con los pactos de investidura y hacer todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración irregular". Y si no lo hacen, advierte, será Vox quien "cumplirá su palabra y su compromiso con los electores".

Lo cierto es que dirigentes de la derecha radical habían amagado los últimos días con romper estas coaliciones si el PP apoyaba el reparto por la Península de menores inmigrantes llegados a Canarias. Una amenaza que obligaba a Abascal a tomar un decisión drástica en el momento en el que Génova anunciara cuál será su voto en el Congreso -todavía no lo han hecho-. Antecedente de Aragón Pero la intervención de hoy del presidente del partido traslada ahora la presión a los propios líderes regionales de Vox en esos territorios. Los voxistas, de hecho, ya amenazaron con romper su pacto con los populares en Aragón cuando el presidente regional, Jorge Azcón, del PP, aceptó un anterior reparto de menores inmigrantes, pero finalmente no cumplió su órdago.

El PP, por su parte, parece no tener dudas en este asunto. Desde Génova deslizan que los de Abascal no cumplirán en ningún caso la amenaza de salir de los ejecutivos autonómicos. Feijóo -que visitó un campamento urbano en Torrejón de Ardoz-, recalcó que su partido ha cumplido "siempre" su obligación de solidaridad en la acogida de menores inmigrantes y que así seguirán haciéndolo. El expresidente gallego, que aprovechó también para denunciar la ausencia de política migratoria de Gobierno y la saturación de los centros de acogida de menores de todas las autonomías, lanzó un mensaje a Vox señalando que en lo relativo a los inmigrantes menores no hay "ningún problema", sino una "realidad".

Más contundentes fueron otros dirigentes como Borja Sémper, portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, quien dijo que apoyarán una Ley de Extranjería siempre y cuando "cuente con el concurso" de las comunidades, "que sea razonable, objetiva" y que "responda al problema, no que lo engorde".