El Tribunal Constitucional ha adoptado una decisión que puede ser decisiva en las negociaciones para la presidencia de la Cámara catalana y para la investidura. El Constitucional ha dado la razón al PSC y ha anulado un acuerdo de la Mesa del Parlament, de la pasada legislatura, que permitió votar de forma telemática a Lluís Puig, diputado autonómico de Junts, huido en Waterloo junto a Carles Puigdemont. El Constitucional considera que se vulneraron los derechos de los diputados socialistas, que recurrieron la decisión de la Mesa, de mayoría independentista del mandato anterior. Puig pudo participar la pasada legislatura en las votaciones y ahora el tribunal de garantías tumba por unanimidad su voto telemático, pero no ha anulado las votaciones en las que participó el exconsejero.

La decisión cae a cinco días de constituirse la Cámara catalana y en plenas negociaciones. Junts, ERC y la CUP han mostrado su intención de sumar fuerzas para conformar una Mesa de mayoría independentista para asegurarse que los diputados huidos puedan votar y para garantizar además que la Cámara catalana permitirá todo tipo de debates.

La decimoquinta legislatura catalana arrancará este lunes 10 de junio y lo hará con la incógnita de si Carles Puigdemont podrá votar en la elección de los miembros de la Mesa. En estos momentos hay tres diputados electos que podrían verse afectados por la resolución del Constitucional: Carles Puigdemont, Lluís Puig, ambos de Junts, y Rubén Wagensberg (ERC). En el caso de este último, está de baja médica y podría delegar su voto. Si Puigdemont y Puig no pueden votar a distancia, las sumas se ajustarán al máximo. Los independentistas se quedarían en 57 diputados, por lo que al PSC le bastaría con pactar con el PP para llegar a esa cifra. En caso de empate, la victoria sería de los socialistas al ser la primera fuerza de las elecciones. El desempate podría estar en manos de los comunes, Vox o Aliança Catalana. 

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La decisión sobre si podrán votar o no este lunes recaerá en la Mesa de edad, que se constituye para poner en marcha el pleno. La forman tres miembros: dos son independentistas (Junts y ERC) y la tercera integrante es de Vox. Por tanto, el nacionalismo tendrá mayoría para determinar si Puigdemont y Puig pueden votar, ignorando la resolución del Constitucional. Una vez se constituya la Mesa, deberá decidir sobre el resto de la legislatura. La sombra de la desobediencia se cierne de nuevo sobre el Parlament. Independientemente de que Esquerra acabe apoyando la investidura de Illa, el nacionalismo quiere controlar la Mesa para que sea un contrapoder al eventual Govern de los socialistas. El secesionismo perdió la mayoría absoluta el 12-M pero ha encontrado la manera, a través de la Mesa, de no dejar de controlar el Parlament. El presidente de la Cámara catalana jugará un papel clave, pues en sus manos estará designar el candidato a la presidencia de la Generalitat, a la que aspiran Puigdemont e Illa.