PSOE y Partido Popular cedieron finalmente a las presiones de los más de 700.000 ciudadanos que con sus firmas avalaron ante el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la regulación de 500.000 inmigrantes sin papeles. A esta propuesta se sumó desde un primer momento además la Conferencia Episcopal Española (CEE). Ya en la mañana de este martes anunció su apoyo el PSOE, quien hasta entonces se había mostrado reacio a dar su respaldo a la propuesta alegando que violaría la legislación europea. En 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado a la Moncloa se adoptó una idéntica decisión que benefició a 700.000 personas, pero que le valió al Gobierno socialista de entonces una batería de protestas de sus socios de la UE, muy especialmente por parte de Francia.

El cambio de posición de los socialistas dejó durante unas horas la pelota en el tejado del PP y de Junts. En el caso de los populares una abstención ya servía de por sí para que saliera adelante la tramitación. Alberto Núñez Feijóo avanzó antes del debate en el Congreso que los inmigrantes en situación irregular "pueden estar tranquilos porque el PP es sensible con ellos y buscará soluciones para una inclusión social correcta y legal".

La diputada Sofía Acedo explicó horas después desde el atril de la Cámara baja el cambio de opinión de la formación conservadora: "Damos salida a esta toma en consideración de la iniciativa porque nos lo ha pedido Cáritas y otras asociaciones, así como también los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra". El PP después votó a favor. 

Desde la Conferencia Episcopal se llevaba días presionando a los partidos para que su voto fuera a favor de la iniciativa. De hecho una de las ONG que lanzaron la propuesta fue Cáritas, dependiente de la Iglesia católica. "Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es", había advertido de ante mano Luis Argüello, presidente de la CEE. Junts, asediada a su derecha por fuerzas catalanistas antiinmigración, guardó silencio sobre el sentido de su voto hasta el último momento. A pocos minutos del comienzo del debate anunció su 'sí' para dar voz a "las mayorías ciudadanas", pero eludió entrar en "el fondo del asunto".

Quien no apoya en ningún caso la ILP es Vox. "Es ilegal y se plantea una idea subyacente para una sustitución poblacional", argumentó Pepa Millán, portavoz en el Congreso de la formación de Santiago Abascal.

UN LARGO PROCESO

Que la mayoría del Congreso haya aceptado tramitar la ILP que regularía la situación del medio millón de inmigrantes irregulares no quiere decir, ni mucho menos, que la propuesta vaya a salir adelante, al menos tal y como está formulada. La iniciativa popular pasará ahora a manos de una comisión parlamentaria. En ese nuevo debate los partidos pueden rechazarla, modificarla a fondo hasta desnaturalizarla o, como se denomina en el argot parlamentarios sobre las leyes que se guardan en un cajón, "dejarla dormir el sueño de los justos". Sea como fuere, las 7000.000 firmas que acompañan esta iniciativa legislativa popular no dejan de ser otros 700.000 potenciales votantes a los que ninguna fuerza política quiere desairar.