Después de meses negociando y al día siguiente de que la ley de amnistía superara el escollo parlamentario de la aprobación del dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso, las diferencias entre el PSOE y Junts fueron notables. No solo en la lucha por el relato de qué supondrá esta norma para el 'procés', si acabará con él o no y si pacificará la política catalana, sino en algo tan concreto como el número de personas que se verán beneficiadas directamente.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cifró este viernes en 372 el número de los que se podrán cobijar bajo la ley, incluidos 90 policías. Bolaños habló en TV3 de "cálculos preliminares" de los independentistas que tienen causas penales relacionadas con el 'procés', entre 2011 y la actualidad, y que podrían ver cómo se archivan sus casos. El vicepresidente de Junts, Josep Rius, en cambio, estimó el número de beneficiarios en un millar. El soberanismo, hace un año, puso sobre la mesa una cifra incicial de 1.432, según las estimaciones de Òmnium Cultural, que fue la primera entidad que apostó por reclamar una amnistía. La diferencia entre las cifras del Gobierno y las de Junts está en que el ministro no contabilizó las personas afectadas por causas contables del Tribunal de Cuentas o causas de tipo administrativo y no penal. Òmnium habló en un primer momento de 4.400 "represaliados" catalanes. De ahí bajó a 1.432: 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia (hace seis meses), 387 con causa penal abierta, 880 sancionados administrativamente y 35 pendientes del Tribunal de Cuentas.

En los mil que incluye Junts no están en principio ni Laura Borràs ni Jordi Pujol. La primera fue condenada por corrupción y el expresidente de la Generalitat aún debe ir a juicio por delitos fiscales. Pero los postconvergentes no descartan que puedan acabar beneficiándose indirectamente. Sus causas penales no tienen nada que ver con el 'procés', pero en las filas nacionalistas apuntan que también fueron víctimas del 'lawfare'. PSOE y Junts pactaron, en su acuerdo de investidura, la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los supuestos casos de guerra sucia judicial. Si esta comisión concluye que hubo esta persecución judicial contra dirigentes independentistas, lo que dice el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts es que impulsarán iniciativas legislativas y medidas para reparar estos casos. Luego, según señalan en Junts, cada caso particular podrá alegar ante el juez y pedir que se le aplique la amnistía y dependerá de éste su aplicación. "Los números que tenemos en el Gobierno son 372 personas con causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas. Pueden ser los beneficiarios directos, pero, sobre todo, el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y también la sociedad española", argumentó Bolaños.

EL CAPITÁN DEL BARCO

Sean 372 como dice el Gobierno o un millar, como mantienen los junteros, el que en principio podrá acogerse a la norma será Carles Puigdemont, aunque ambas partes nieguen que la ley se haya aprobado pensando en él. No está claro cuándo podrá beneficiarse de las medidas de gracia y cuándo podrá volver a casa. Junts apuntó en un primer momento en torno a julio. Más tarde en la formación nacionalista se expresaron con mayor cautela y situaron el retorno en otoño.

Fuentes postconvergentes, en cualquier caso, señalan que su intención es esperar hasta el final para decidir tomar el camino de vuelta. Sus planes pasan por esperar hasta que se resuelvan buena parte de los expedientes de amnistía que se abrirán en cuanto se apruebe la ley. Su voluntad es actuar como el capitán de un barco, que no abandona la nave y permanece a bordo hasta que salen a salvo todos los pasajeros y tripulantes. El portavoz de Junts admitió en la Sexta que no hay un calendario concreto para su retorno. Pero sí advirtió: "No volverá Carles Puigdemont, regresará el presidente de la Generalitat en el exilio".