La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso Tsunami Manuel García-Castellón.

Ribera ha dicho este viernes en una entrevista que García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Comisión Permanente sostiene que esas palabras merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, por lo que "merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

La declaración pide "prudencia", "mesura" y "responsabilidad institucional" para evitar "la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad" de los miembros de la judicatura.

A su juicio, las de Ribera son declaraciones "contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial" en un Estado de derecho que tiene como principio esencial la separación de poderes.

Asimismo, recalca que la actuación del Poder Judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos de los ciudadanos.

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