La titular de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz (Pamplona, 1975), es consciente de la patata caliente que tiene entre las manos pero evita concretar los contenidos del acuerdo entre PSOE y Junts hace una semana sobre el traspaso de competencias en inmigración. La referencia, dice, es lo acordado con el PNV para que las comunidades asuman la acogida a inmigrantes en situación regular.

¿Existe algún acuerdo por escrito que aclare qué se ha pactado exactamente con Junts en materia de inmigración?

Se ha alcanzado un acuerdo en el marco de la Constitución para una delegación de competencias que tendrá que ser articulada en una ley orgánica. Y esa ley deberá ser aprobada en Cortes Generales y contar con los apoyos suficientes para salir adelante.

¿El Govern va a tener capacidad para expulsar a inmigrantes multirreincidentes como propone Junts o expedir permisos de residencia?

La respuesta es no. Me remito a las palabras del presidente del Gobierno. En esta materia es importante hacer pedagogía. Me voy al acuerdo alcanzado con el PNV, que se está trabajando y está encima de la mesa. Habla de autonomía dentro de las fases del sistema de acogida, que tiene su lógica. Hablamos de personas regulares que van a desarrollar su proyecto de vida en nuestro país. Tiene todo el sentido que las comunidades y las entidades locales, como administraciones más cercanas al ciudadano, puedan asumir esa fase de acogida, siempre dentro del marco de la Constitución.

¿Eso quiere decir que la delegación de competencias a Euskadi y Cataluña será la misma?

Como le he dicho, la Constitución es el marco. Vamos a ver qué desarrollo tiene.

Sánchez no ha aclarado, por ejemplo, si Cataluña tendría algo que decir respecto a los cupos y al reparto de inmigrantes fijado por la Administración central. ¿Se esconde algo?

España es un país solidario y un referente en Europa en materia migratoria. Europa mira a España y no acepto de ninguna manera que se hable de insolidaridad de las comunidades autónomas porque no es cierto. Insisto: el acuerdo entre partidos tendrá que verse refrendado cuando se tramite la ley orgánica y tendrá que alcanzar mayorías suficientes.

¿Le han regalado una baza a Puigdemont para competir con los discursos xenófobos de la extrema derecha catalana, al estilo de la alcaldesa de Ripoll? Illa señala que Junts está dejando que le marquen la agenda.

Lo que quiero destacar es que el pasado miércoles el Congreso sacó adelante decretos que conllevan mejoras para el conjunto del país: bonos de transporte, revalorización de las pensiones y rebajas impositivas para paliar la inflación. Eso es lo que importa verdaderamente a la ciudadanía.

Han insistido siempre en que pactar con la ultraderecha de Vox es comprar sus marcos. ¿En este caso, pactar con Junts no cuestiona la impronta progresista del Gobierno?

El modelo de país que defiende este Gobierno progresista pivota en torno a tres cuestiones importantísimas: la convivencia, los derechos y el empleo. Son líneas rojas inquebrantables frente a los que votaron ‘no’ el miércoles porque defienden un modelo reaccionario, una democracia prêt-a-porter en la que todo lo que no pase por que lo gestionen ellos es un no.

Uno de ellos fue Podemos, en principio aliado suyo, que dio prioridad a su vendetta sobre Díaz. ¿Les preocupa que se repita?

En estas cuestiones, hay que poner por encima el interés general de la ciudadanía. Votar ‘no’ en cuestiones que suponen avances sociales para mí no es una opción progresista. Eso no quita que mantengamos la mano tendida para enriquecer cualquier tramitación en Cortes Generales.

¿Coincide con Díaz en que “así no se puede gobernar”, en lo infernal de la legislatura?

Tener que remangarse, mantener una actitud de diálogo y buscar permanentemente el acuerdo es trabajoso y requiere esfuerzo, pero es lo que hace grande la política con mayúsculas. Frente a los discursos xenófobos que se alimentan en otros países de Europa en los que avanza la extrema derecha, este Gobierno sigue en la vanguardia en materia social.