El Gobierno forzará a las comunidades autónomas -la mayoría gobernadas por el PP- a lograr el equilibrio presupuestario en 2024, si la mayoría popular en el Senado tumba la senda de déficit público para los próximos tres años, que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado este martes formalmente a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que en 2024 podrán incurrir en un déficit del 0,1 % del PIB, pero al mismo tiempo les ha dejado claro que les quitará ese margen fiscal si los objetivos de estabilidad presupuestaria no son aprobados por las Cortes.

Lo mismo le ocurriría a las entidades locales, para las que se ha fijado equilibrio presupuestario, en lugar del superávit del 0,2 % del PIB establecido previamente.

Hacienda cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que si la senda de déficit no es aprobada por ambas cámaras legislativas (como establece la ley de estabilidad presupuestaria), los objetivos de déficit vigentes serán los comunicados a Bruselas en el programa de estabilidad 2023-2026 de abril, lo que obligaría ajustar presupuestos autonómicos y municipales.

El informe avala asimismo que el Gobierno presente los presupuestos de 2024 aunque no haya un objetivo de déficit para el próximo año aprobado por las dos cámaras legislativas.

De momento, las catorce comunidades gobernadas o cogobernadas por el PP han votado en contra del objetivo del 0,1 % del PIB para 2024 y han centrado sus quejas en la reunión del CPFF en la bilateralidad establecida con Cataluña, cuya consejera de Hacienda no se ha presentado en la reunión.

MONTERO INSISTE EN QUE SE CONDONARÁ LA DEUDA A TODOS

La vicepresidenta cuarta ha negado la existencia de dicha bilateralidad con Cataluña y ha asegurado que en enero empezará a hablar con todas las comunidades con vistas a la elaboración de una ley "para la asunción" por parte del Estado de parte de la deuda autonómica adquirida durante la crisis financiera iniciada en 2008.

La ley aplicará a todas las autonomías de régimen común, tanto para deuda con el fondo de liquidez autonómica (FLA) del Estado como para aquella suscrita con entidades financieras.

El objetivo, según Montero, es que las comunidades vuelvan a ser financieramente autónomas y puedan recurrir a los mercados nuevamente.

Asimismo, ha dicho que esta legislatura reabrirá el debate entre administraciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha apelado al PP para que antes del debate territorial haya un acuerdo de Estado entre los dos partidos que gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas.

TECHO DE GASTO Y PLAN DE REEQUILIBRIO

Junto con la senda de déficit a tres años, el Consejo de Ministros aprobará mañana el límite de gasto no financiero del Estado para 2024 (el techo de gasto de los presupuestos), una cifra que es informada a las Cortes pero que no requiere de su aprobación.

En el programa de estabilidad de abril el Gobierno fijó como metas de déficit público un 3 % del PIB para 2024, un 2,7 % del PIB para 2025 y un 2,5 % para 2026, en tanto que en el plan presupuestario de octubre confirmó la meta del 3 % para la elaboración de las cuentas del año que viene.

Montero tiene también previsto llevar mañana al Consejo de Ministros, para su posterior envío a Bruselas, un plan de reequilibrio en el que se justifica que España no debe entrar de nuevo en procedimiento de déficit excesivo la próxima primavera porque en 2024 prevé reducirlo al límite del 3 % del PIB.

RECURSOS RÉCORD PARA LAS AUTONOMÍAS

Los presupuestos de 2024 incluirán un importe récord para las comunidades autónomas de 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 14,9 % más respecto a 2023.

La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3 % más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.