Acuerdo de investidura
Una amnistía expansiva que alcanzará las causas más controvertidas
El pacto entre el PSOE y Junts deja abierta la puerta a que se entierren para siempre -y sin juicio- otros sumarios que el nacionalismo considera parte del ‘lawfare’
Publicado el 10/11/2023 a las 05:00
El texto acordado por PSOE y Junts sobre la ley de amnistía es suficientemente inconcreto y amplio para que dentro de la futura norma quepan todas las causas más controvertidas del ‘procés’, incluidos los 24 acusados de terrorismo de los CRD y Tsunami Democràtic, entre los que está el propio Carles Puigdemont. Pero no solo van a desaparecer de un plumazo todas las acusaciones a políticos y ciudadanos que, "antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos". El pacto deja abierta la puerta a que se entierren para siempre -y sin juicio- otros sumarios que el nacionalismo considera parte del ‘lawfare’, o sea, el empleo de procesos legales para destituir cargos públicos o atacar a oponentes políticos. En esa supuesta guerra sucia judicial, Junts pretende incluir, incluso, la causa contra el clan Pujol por su inmensa fortuna opaca y amasada durante las últimas cuatro décadas.
Entre los casos seguros que entrarán en la ley de amnistía está la consulta del 9-N, de la que este jueves precisamente se cumplieron nueve años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó en 2020 de forma definitiva la causa de la consulta en 2014 al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau tras aprobar el licenciamiento definitivo de las penas de inhabilitación de cargos público y dar por satisfechas las penas económicas. Ahora los tres podrás ser rehabilitados y podrían reclamar el dinero que se le impuso como condena.
También el referéndum del 1-O se beneficiará. En este epígrafe se acumulan varias causas con cerca de 700 acusados, empezando por los doce condenados por el Supremo por el primer juicio del ‘procés’, con el vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, y los exgovern huidos, con Carles Puigdemont como máximo exponente.
Además, diversos juzgados mantienen procedimientos abiertos de diferente naturaleza: contra 50 cargos de la Generalitat por su participación directa en la consulta; varios centenares de alcaldes por los gastos generados durante el referéndum; diez dirigentes políticos por supuesta malversación en la difusión exterior del 'procés'; o 54 encausados ante el Tribunal de Cuentas y 600 expedientes contencioso-administrativos incoados a ayuntamientos.
También se beneficiarán los 12 miembros de los CDR a los que la Audiencia Nacional sentará en el banquillo por terrorismo y la plataforma Tsunami Democràtic, a cuyos miembros acusó García Castellón el lunes pasado -entre ellos a Puigdemont y Marta Rovira- de la comisión de ese delito.
CASOS CON DUDAS
Entre los casos posibles se encuentra el Volhov, que nace de una supuesta trama de corruptelas ligadas a Convergència y es uno de los más controvertidos; el caso Alay, uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont; el caso Borrás, expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, que fue condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental por un caso de corrupción, por adjudicar contratos irregulares a un amigo mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas; así como los casos Pujol, Boye, Buch y los 45 policías nacionales imputados por su actuación el 1 de octubre de 2017.
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