Tres días después de unas generales que dejan como principal opción para la gobernabilidad la reedición de un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar tremendamente dependiente de los partidos que conforman la llamada 'mayoría de la investidura' (PNV, ERC y Bildu, a la que hay que sumar Junts), el Gobierno vasco, en un movimiento inesperado y tras dar el PNV portazo a la posibilidad de ofrecer apoyo a Alberto Núñez Feijóo, acordó llevar ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda por invasión competencial. 

La decisión conlleva una enorme carga política ya que ha supuesto la división dentro del Gobierno vasco por el desmarque de los socialistas, que criticaron el paso dado el PNV. Es la primera vez en tres años de legislatura que los tres consejeros del PSE -Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado- se plantan y piden que conste en acta que ellos se desmarcan de su socio. Arriola se mostró muy crítico con esta decisión al considerar que esta ley ofrece "una oportunidad a Euskadi" y "amplía derechos". También la dirección del PSE se vio obligada a emitir un comunicado señalando que "esperan que este recurso no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal".

Más que el fondo, lo sorprendente ha sido el 'timing' elegido: el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones generales. Que el PNV está indignado con esta ley y que está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para corregirla era un hecho. Para muestra, la pasada campaña de las elecciones del 28-M, en la que los nacionalistas, con Iñigo Urkullu a la cabeza, hicieron 'casus belli' en contra de una ley que, a su juicio, es la mejor muestra del "afán recentralizador" del Gobierno. El PNV no sólo ha buscado diferenciarse del PSOE erigiéndose en garante del autogobierno, también ha cargado con dureza contra EH Bildu por "plegarse ante el Estado".