Política
Todo lo que el Gobierno no ha querido contar
El viaje de Montero a Nueva York, el volantazo en el Sáhara y los costes del emérito, los principales vetos del Portal de Transparencia en 2022
Publicado el 24/04/2023 a las 07:23
El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado es desde hace casi una década la principal, y casi única, vía de acceso de los ciudadanos para obtener información del Gobierno central. Desde diciembre de 2014 hasta la actualidad el Ejecutivo ha recibido más de 60.000 consultas.
La mayor parte de las cuestiones sí que son respondidas por el Gobierno a satisfacción de los demandantes, pero no todas. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013 permite al Ejecutivo negar datos en varios supuestos en los que la difusión de esa información pueda perjudicar, entre otras materias, a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, o la seguridad pública.
El año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez hizo uso de ese veto de información de forma total o parcial en 553 ocasiones. Y ¿cuáles han sido los grandes secretos preservados por el Ejecutivo en 2022? Con diferencia, el mayor ‘secreto de Estado’ del Gobierno el año pasado ha sido el coste total del viaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y tres acompañantes de su equipo a Nueva York entre el 29 de junio y 1 de julio de 2022. Aunque el Ejecutivo ha revelado que ese periplo costó 8.915,98 euros en alojamiento, manutención, traducción, ‘transfers’ y atención protocolaria se ha negado hasta en 65 ocasiones a facilitar información del coste de personal, dietas, material o combustible del Falcon usado por Montero y sus colaboradoras o el dinero que costó la seguridad de las cuatro en Estados Unidos.
Pero también con Pedro Sánchez, en ocho ocasiones Presidencia ha rehusado desvelar el dinero gastado en viajes del presidente en 2022 alegando igualmente cuestiones de seguridad o la imposibilidad de desglosar el coste del uso de medios como el famoso Falcon.
Con 105 respuestas denegatorias, el Ministerio del Interior ha sido el departamento que más veces ha vetado el acceso a la información pública. Doce de esas negativas han tenido que ver con los costes de los despliegues de seguridad tanto del presidente como de miembros de la Casa Real (en particular el desplazamiento de Juan Carlos I en mayo de 2022 a Sanxenxo y Madrid o el coste de su protección en Emiratos) o de exmiembros de la Familia Real como Iñaki Urdangarin.
En otras seis ocasiones, Interior ha alegado cuestiones de seguridad nacional para no desvelar datos sobre Melilla y la frontera ni detalles de la tragedia del paso de Barrio Chino en junio del pasado año en la que murieron entre 23 y 72 inmigrantes subsaharianos, según varias fuentes.
Otro de los temas más sensibles para el Ejecutivo en 2022, según se infiere de los datos del portal, ha sido el volantazo del Gobierno en marzo del pasado año en la cuestión del Sáhara. En 16 ocasiones el gabinete de Pedro Sánchez se ha negado a informar acerca de por qué España ha acabado reconociendo de facto la soberanía de Marruecos sobre la excolonia.
CARTA A MOHAMED VI
Es más, en siete ocasiones, el Ejecutivo se ha negado en redondo a facilitar a los ciudadanos copia de la carta que Sánchez remitió al rey Mohamed VI y que sirvió para acabar con la crisis bilateral abierta a raíz de la decisión el Gobierno de atender en España al líder del Polisario, Brahim Gali, enfermo de covid. Exteriores se ha escudado en que dar a conocer esa misiva podría perjudicar las relaciones exteriores o con terceros países. Es el caso singularmente de Argelia, enemigo íntimo de Marruecos, con quien el Ejecutivo de Sánchez vive uno de los peores momentos.
En el top del secretismo del Estado, como era esperable, también aparece todo lo referido a la guerra en Ucrania. De las 18 veces que el departamento que dirige Margarita Robles se ha negado a facilitar información, seis ha sido sobre detalles específicos de la ayuda militar a Kiev. Ha habido otras 13 denegaciones de acceso a datos relativos a expulsiones, asilados o menores ucranianos en España.
