Corrupción

Del ‘caso Roldán’ al ‘caso Urralburu’

Desde la izquierda, Antonio Aragón, Luis Roldán y Gabriel Urralburu en 1998, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Navarra por el ‘caso Urralburu’
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Desde la izquierda, Antonio Aragón, Luis Roldán y Gabriel Urralburu en 1998, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Navarra por el ‘caso Urralburu’
Desde la izquierda, Antonio Aragón, Luis Roldán y Gabriel Urralburu en 1998, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Navarra por el ‘caso Urralburu’

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Luis SanzMarcos Sánchez

Publicado el 24/03/2022 a las 20:53

El 14 de abril de 1994, los titulares de los periódicos acercaban de nuevo el nombre de Luis Roldán a Navarra. Mientras se iba conociendo que el exdelegado del Gobierno y exdirector de la Guardia Civil había engordado su patrimonio de manera sospechosa por medio de fondos reservados y comisiones, se fue destapando otro escándalo que impactaba de lleno en dos nombres claves en el socialismo navarro, los del expresidente del Gobierno Gabriel Urralburu y su exconsejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, que mantenían vínculos mercantiles con quien fue el testaferro de Roldán: Jorge Esparza, director comercial de la constructora Huarte, adjudicataria de varias obras públicas en Navarra.

Del caso Roldán surgía así como derivado el caso Urralburu, fundamentado en el cobro de comisiones ilegales por las obras públicas acometidas entre 1987 y 1991, cuando Urralburu presidía la Comunidad foral y Aragón era el titular de Obras Públicas. De la contabilidad llevada por Esparza para Roldán y guardada bajo llave en una entidad bancaria suiza, salieron a la luz unas fichas con las siglas G.U. y A.A. relacionadas con obras, cantidades de dinero y constructoras. Aparecían obras como la Autovía del Norte, la UPNA o el edificio de Consultas Externas del Hospital de Navarra. En 1995, una vez levantado el secreto de sumario del caso Roldán, la documentación reunida implicaba definitivamente a ambos políticos navarros: cheques de constructoras financiando sus inmuebles o que iban a parar directamente a sus cuentas particulares.

En septiembre de 1998, Urralburu fue condenado por la Justicia navarra a 11 años de cárcel; Aragón, a 7,2; Roldán, a 3; Esparza, a 4; y Balda y Romeo, a 3 años. Tras los recursos ante el Supremo, el Alto Tribunal rebajó las penas a Urralburu y Aragón por cohecho a 4 años, al considerar que el cohecho y el delito fiscal por los que habían sido condenados no podían acumularse. También rebajó la pena Esparza (de 4 a 3 años), y mantuvo las de Balda, Romeo y un Luis Roldán al que se consideró inductor de un delito de cohecho continuado. El exdirector de la Guardia Civil y Esparza ya cumplían entonces condena en Madrid por el caso Roldán.

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