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Los frentes abiertos del Tribunal Constitucional tras su renovación

El aborto, la eutanasia o la reforma educativa son algunos recursos que el garante de la carta magna debe aún resolver en su densa agenda

El futuro de ocho leyes navarras, en manos del Tribunal Constitucional
Exterior del Tribunal ConstitucionalEFE
  • Javier Arias. Colpisa. Madrid
Publicado el 21/11/2021 a las 06:00
Son varios los asuntos relevantes que el Tribunal Constitucional tiene por delante tras la renovación de los magistrados que han tomado posesión esta semana. Algunos de estos retos tienen que ver con leyes importantes de la presente legislatura, y otros, como el del aborto, fueron recursos que se presentaron hace ya más de 11 años. En lo que respecta a los próximos meses, la corte de garantías deberá examinar los recursos presentados por Vox y PP contra dos iniciativas clave del Gobierno: la reforma educativa de la ley Celáa y la ley de eutanasia, ambas aprobadas en el último año.
La norma impulsada por la exministra de Educación, Isabel Celaà, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de los grupos políticos de la oposición, mientras que la ley de eutanasia, con las implicaciones éticas y morales que conlleva, ha convertido a España en el sexto país del mundo en legalizarla.
Asimismo, los nuevos magistrados tienen pendiente pronunciarse sobre las fórmulas alternativas de juramento utilizadas por los parlamentarios de varias formaciones para convertirse en diputados. Una cuestión que puede tener consecuencias sobre la actual composición de las Cámaras si se considera que quienes la usaron no accedieron legalmente a su escaño. 
PP y Vox también fueron los impulsores de este recurso ante la pauta empleada por algunos diputados de ERC, JxCat, Bildu o la CUP durante la jornada de inauguración de la legislatura en las Cortes, cuando en vez de decir "sí, juro" o "sí, prometo", accedieron a sus escaños empleando la fórmula "por imperativo legal" o diciendo "con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre", caso de los representantes independentistas catalanes.
Precisamente Vox se ha convertido en el partido que más rédito ha obtenido, mediante la fuerza parlamentaria que le dan sus 52 diputados, de la presentación de recursos de inconstitucionalidad. Han registrado más de veinte y han conseguido desmantelar la armadura legal que el Gobierno confeccionó para la pandemia respecto a la aprobación de los decretos sobre los estados de alarma. 
La sentencia fue aprobada por una mayoría de los magistrados del Constitucional. En el primero de estos recursos la corte de garantías apuntó a que se tendría que haber declarado el estado de excepción para permitir el confinamiento domiciliario, mientras que en el segundo los magistrados cuestionaron la falta de control parlamentario. 
El Pleno también declaró ilegal el parón de las actividades parlamentarias al comienzo de la pandemia. En total, tres golpes a la estrategia jurídica del Ejecutivo de coalición.
Asimismo, y antes de fin de año, el Constitucional tiene previsto atajar dos de los recursos más importantes de los condenados por el 'procés': el de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, que plantea la cuestión de la inviolabilidad, y el interpuesto por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, relativo al alcance de su inmunidad como europarlamentario.
Arnaldo, ponente del aborto Pero sin duda alguna el caso más anómalo es la resolución del recurso sobre la ley del aborto, pendiente de sentencia desde hace 11 años. El retraso en aclarar la legalidad de la regulación de los plazos de interrupción del embarazo ha sido incluso denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por exdiputados del PP que firmaron en 2010 el recurso.
La Asociación de Abogados Cristianos también presentó en el Tribunal Supremo una querella por "retardo malicioso" contra el magistrado Andrés Ollero, exdiputado popular y encargado de redactar la ponencia de la futura sentencia.
Precisamente, Ollero ha sido uno de los magistrados que han salido del Constitucional con la renovación de esta semana y los asuntos que llevaba han pasado a Enrique Arnaldo, el polémico candidato propuesto por el PP. El nuevo ponente ya mostró su rechazo a la actual ley del aborto en un artículo de 2009, por lo que podría ser recusado.
El criterio de reparto de los asuntos está relacionado con la antigüedad de los magistrados y, en función de ello, Ramón Sáez (elegido a propuesta del PSOE) se hará cargo de los casos de Fernando Valdés, como la ponencia sobre la ley de eutanasia.
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