El Tribunal de Cuentas ha iniciado el análisis de las certificaciones que ha presentado la Generalitat para avalar las fianzas que reclama a una treintena de ex altos cargos del Govern, por lo que todavía no ha decidido si aceptará ese aval, ni ha iniciado tampoco ninguna providencia de embargo.

Así lo han indicado fuentes del Tribunal de Cuentas, que no han querido anticipar cuál será la decisión sobre la legalidad del aval presentado por el Govern para ayudar a 34 antiguos cargos a quienes el órgano fiscalizador reclama fianzas por valor de 5,4 millones de euros por haber promocionado con dinero público el "procés" en el extranjero.

Las fuentes han indicado que, además de las certificaciones presentadas por la Generalitat, dos presuntos responsables han depositado sus propias fianzas y otros dos han presentado como aval personal bienes inmuebles.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ya anticipó este miércoles su intención de aportar sus bienes personales para cubrir la fianza, con ayuda también de la llamada Caja de Solidaridad.

Mas advertía además de las "altísimas probabilidades" de que el Tribunal de Cuentas rechazara el aval del Govern con la "excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, ésta no puede directamente cubrir con un aval" a las personas encausadas.

El Govern rectificó este miércoles, tras un episodio de tensiones entre los dos socios independentistas, su anuncio del día anterior y decidió activar el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dotado con una cantidad total de 10 millones de euros para avalar las fianzas reclamadas a 34 ex altos cargos de la Generalitat.