El Govern ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.

"No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró.

El conseller ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del "procés" a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".

El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.

El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".

A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que dicho fondo, dotado con esta aportación inicial de 10 millones de euros, se nutrirá de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas" de las cuales podría salir, ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.

Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera dispuesta a avalar estos fondos, el Institut Català de Finances, de forma provisional, actuará como entidad gestora, y el contraaval de la Generalitat se canalizará también a través del ICF, que es la entidad financiera pública de la Generalitat.

Giró ha remarcado que se "bloqueará dinero para un aval", de forma que "no se darán a nadie 10 millones".

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reivindicado la puesta en marcha de este fondo en cumplimiento del "principio de indemnidad", por el cual las administraciones deben "defender a los servidores públicos" inmersos en causas judiciales por cuestiones relacionadas con el desempeño de su trabajo hasta que haya sentencia firme.

Los requisitos para acogerse a este fondo son tres: que no haya sentencia firme, que no exista otra póliza de seguro que cubra el caso y que la Generalitat no haya iniciado ninguna acción contra esa persona.

"Es lo que hace cualquier administración pública del mundo", ha apostillado Giró.

Entre las personas que se podrían beneficiar de este fondo estaría el exconseller de Cultura Santi Vila, que el pasado mes de febrero presentó la hipoteca de su casa en Figueras (Girona) para constituir la fianza de 216.000 euros por su presunta responsabilidad al negarse a la entrega de los bienes del Monasterio de Sijena al Gobierno de Aragón cuando estaba al frente de su departamento.