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Tasa digital

El Congreso pacta cambios en tasa Google y Tobin

El proyecto de ley de las dos tasas establece su entrada en vigor tres meses después de su aprobación, que en este caso está prevista para septiembre

Las imágenes del día de hace 5, 10 y 20 años.
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Archivo DN
  • EFE. Madrid
Actualizada 27/07/2020 a las 11:28

Los partidos políticos del Congreso han pactado que el impuesto financiero no grave la adquisición de acciones propias o autocartera, para mantener el principio de igualdad entre socios de una misma compañía y estudian introducir otros cambios en esta tasa y en la digital, para que su liquidación pueda ser anual.

La Comisión de Hacienda del Congreso ratificará este jueves las ponencias de ambos impuestos y debatirá y votará el resto de enmiendas que han quedado vivas y entre las que varios grupos políticos piden expresar claramente en el texto de las dos leyes que los impuestos entrarán en vigor en 2021.

El proyecto de ley de las dos tasas establece su entrada en vigor tres meses después de su aprobación, que en este caso está prevista para septiembre ya que una vez que el Congreso apruebe esta semana definitivamente los dos gravámenes éstos deberían empezar su tramitación en el Senado tras la vuelta del verano.

La ponencia del impuesto financiero contempla dos enmiendas, una transaccionada con PSOE, UP, PP, JxCAT y Cs relativa a garantizar la transparencia que rige el régimen de la autocartera o adquisición de acciones propias y proteger a los accionistas y acreedores bajo el principio de igualdad entre socios y la otra pactada con PP, VOX y JxCAT que se refiere al devengo del impuesto.

En este sentido, la tasa Tobin establece el devengo del impuesto en el momento en que se lleve a cabo la anotación a favor del contribuyente de los valores objeto de la adquisición, ya se efectúe dicha anotación en una cuenta de valores o en los libros de una entidad financiera o registros de un depositario central de valores.

A estos cambios en el impuesto financiero se podrían sumar otros como la incorporación de exenciones para las acciones de los fondos de pensiones o para incentivar la inversión socialmente responsable.

Algunas formaciones como PP, VOX y Ciudadanos reclaman que tanto el impuesto financiero como el digital no repercutan en los consumidores y en este sentido, la formación naranja añade el riesgo de que se produzca una doble imposición en empresas y ciudadanos.

Al respecto, fuentes de Ciudadanos han señalado a EFE que "están muy dispuestos a negociar" cambios para que la tasa Google también sea temporal y se suprima en el momento en que se apruebe un impuesto europeo similar.

"Esto daría seguridad jurídica", inciden al tiempo que urgen que la liquidación de este gravamen sea anual y no trimestral y se presente con operaciones agregadas dado que las empresas afectadas manejan volúmenes de negocio altos.

La propuesta de la formación naranja, que ha sido remitida a todos los partidos para su debate este jueves, pide que "al menos el primer año" el impuesto digital tenga una presentación anual.

Otros matices en los que estarían de acuerdo tanto PP como VOX serían en que ambos impuestos no puedan ser modificados a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En el texto de la ponencia de la tasa digital también se ha incluido un cambio para evitar confundir el concepto "transmisión de datos" con el de "transporte de datos", término utilizado en el ámbito de las operadoras de telecomunicaciones y para que no sea obligatorio un registro de entidades creado a efectos de este impuesto.

El Ejecutivo prevé recaudar con la liquidación del impuesto financiero 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas y argumenta que al ser para una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros se excluye a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la tasa digital gravará con el 3 % los ingresos de empresas tecnológicas con más de 750 millones de euros de facturación en el mundo o de 3 millones de euros sólo en España y aunque el Hacienda tenía previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros, posteriormente y antes de la pandemia la rebajó a unos 968 millones.


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