El Gobierno y las comunidades han acordado este miércoles que el curso no se extienda más allá del mes de junio, aunque los Ejecutivos autonómicos podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo en el periodo estival, "en formas diversas y combinadas con actividades lúdicas".

Estas son algunas de las decisiones adoptadas en la reunión de la Conferencia Sectorial que hoy ha mantenido de forma telemática la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los responsables educativos de las comunidades autónomas para definir cómo poner fin al curso escolar tras el cierre de las aulas por el coronavirus.

Así lo han señalado fuentes de Educación, que han detallado que las actividades estivales programadas por las diferentes consejerías de Educación "pueden estar promovidas por otras administraciones u organizaciones, contando con el concurso del voluntariado y en contacto con los centros educativos y sus docentes".

Además, en un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha explicado que la Sectorial de hoy ha descartado otorgar el aprobado general al alumnado y ha decidido que, "a través de la evaluación continua, eso sí, se establezcan las máximas garantías para que la repetición sea una medida extraordinaria".

Según este sindicato, Educación y los consejeros no han llegado a acuerdos sobre la vuelta a clase presencial o sobre los contenidos que no se han podido adelantar durante este período, y se ha acordado que estos asuntos se irán analizando según evolucione la pandemia.

"El ministerio se ha comprometido a redactar una orden ministerial para intentar unificar las medidas generales y evitar así disparidad" entre las comunidades, explica el CSIF.

En su última reunión, el Consejo Escolar del Estado (CEE), el máximo órgano consultivo en materia educativa, acordó un documento en el que se pedía que se evitaran las repeticiones de curso, que se mantuviera el calendario aprobado a principio del mismo y que se evaluara lo impartido en clase y "online", según las circunstancias de cada alumno para que ninguno se viera perjudicado por la brecha digital.

Ese documento, ratificado por el Consejo, que representa a toda la comunidad educativa, ha podido influir en las decisiones de Celaá y los consejeros, a los que varias ONG y expertos han pedido que "dejen de lado sus diferencias", que pongan fin a la incertidumbre y que, de la misma forma que los países europeos de nuestro entorno, tomen medidas educativas "concretas y atrevidas".