El Consejo de Ministros aprobó este martes un proyecto de ley para la reforma del sistema educativo que tiene como grandes objetivos derogar la Lomce -la ley educativa del PP-, que considera "lesiva y segregadora", y modernizar varios aspectos de la LOE, la ley elaborada en 2006 por el anterior Ejecutivo socialista. La ya bautizada en honor de la ministra como 'ley Celaá', que de aprobarse se convertirá en la octava norma educativa de la etapa democrática, iniciará su tramitación en el Congreso entre las duras críticas de la escuela concertada y el rechazo abierto de PP y Ciudadanos.

Escuelas Católicas, la patronal que engloba al 60% de los centros concertados del país, "lamentó" una ley de educación "que nace sin consenso" político y social y no ocultó "su preocupación" por una norma que cree que considera a su red como subsidiaria de la pública, que "limita" el derecho a la libertad de elección de centro de los padres, y que podría "asfixiar" poco a poco a la concertada con la supresión paulatina de aulas, según indicó su secretario general, José María Alvira.

La novedades que más les disgustan son el fin del criterio de "demanda social" en la programación escolar, que le permitía crear nuevas plazas si lo pedían los padres, y la alta capacidad de las autonomías para repartir de forma "equilibrada" entre todos los centros a alumnos desfavorecidos o con necesidades específicas, que creen que puede derivar en "ingeniería social y falta de elección de los padres".

La reforma de Celaá retira a la Religión su valor para la nota media y la deja sin asignatura alternativa, impone como obligada la materia de Valores Cívicos y Éticos, crea un único título en ESO que permite a todos los alumnos -incluidos los graduados en FP Básica- optar por FP media o Bachillerato, plantea la repetición como algo excepcional, autoriza a titularse en Bachillerato con una materia suspensa, suprime las reválidas, y aspira a que la inversión educativa alcance el 5% del PIB en 2025.