Edición impresa

Actualidad Navarra, Pamplona, Tudela, Estella, Osasuna, Deportes, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Política, Economía, Trabajo, Sociedad.

Sentencia del 'procés'

La sentencia del 'procés', 193 folios con la mirada puesta en Estrasburgo

La histórica sentencia del 'procés', que se alinea con las tesis de la Abogacía del Estado, ha garantizado "un juicio justo y equitativo" a los líderes soberanistas

Ampliar La sentencia del 'procés', 193 folios con la mirada puesta en Estrasburgo
La sentencia del 'procés', 193 folios con la mirada puesta en Estrasburgo
  • Alfonso Reclusa. Colpisa
Actualizado el 15/10/2019 a las 06:00
El Tribunal Supremo estaba llamado a resolver el juicio más importante de los cuarenta años de democracia por su repercusión a todos los niveles (político, económico y social). En este tribunal concurren las características de innegable prestigio, capacidad jurídica de sus miembros y su imparcialidad. No sólo de su presidente y ponente de la resolución, Manuel Marchena, sino de todos y cada uno de sus seis miembros. Tras cuatro meses de juicio oral, la Sala Segunda del Supremo comenzó en junio a redactar la sentencia que ha conseguido la unanimidad de los siete magistrados, lo que refuerza aún más la solidez del fallo. La alternativa hubiera sido incorporar algún voto particular, que naturalmente no desmerecería el fallo, pero que sí pondría de manifiesto lo jurídicamente discutible de algún aspecto de la sentencia.
SEDICIÓN Y NO REBELIÓN. HUBO VIOLENCIA "PERO NO FUE INSTRUMENTAL" 
El tribunal considera "suficientemente acreditado" que hubo violencia durante el 'procés', pero que ésta no fue un medio para conseguir la independencia y que por ello no se puede condenar por rebelión. Marchena y el resto de magistrados suscriben la tesis de la Abogacía del Estado de que "se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación".
Los componentes de la Sala de lo Penal valoran asimismo las declaraciones de los testigos y acusados durante el juicio oral de que su pretensión era convencer al Gobierno central para que negociara con el Ejecutivo catalán "el modo de acceder a la independencia". En palabras del exconsejero Santi Vila lo que pretendían era "tensar la cuerda sin romperla". De esta manera, el alto tribunal desestima la petición del Ministerio Público para condenar por rebelión a los acusados porque considera que para ello la violencia tiene que ser "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes".
Se desprende de la sentencia que el Gobierno de la Generalitat alimentó durante las semanas previas al 1 de octubre una atmósfera de hostilidad frente a las actuaciones judiciales, que las consideraban como "inadmisibles actos de agravios" contra el pueblo catalán. De esta manera, según los magistrados, se creó "el perfecto caldo de cultivo" para la movilización sediciosa del 1-O.
VULNERACIÓN DE DERECHOS. EL INTENTO FALLIDO DE CUESTIONAR AL TRIBUNAL 
Una de las claves de esta sentencia radica en valorar cómo ha resuelto el Supremo las denuncias que a lo largo de estos meses los abogados de los líderes soberanistas han realizado sobre la vulneración de distintas facetas del derecho de defensa. Este es el argumento que, sin duda, finalmente plantearán los letrados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, previo paso por el Constitucional.
Según reconoce el propio tribunal en su resolución, ha abogado por una clave de interpretación de los derechos fundamentales garantista y no reduccionista, al mismo tiempo que ha querido "limitar la oportunidad de un debate" desde el momento previo al inicio de la sesiones de juicio oral. "Hemos hecho nuestra la jurisprudencia constitucional -remarcan en la sentencia- que recuerda que la reivindicación de cualquier derecho fundamental obliga al órgano jurisdiccional a dar una respuesta motivada".
Entre los derechos denunciados en estos cuatro meses, según la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, están el derecho a un juicio equitativo, obrar en el legítimo ejercicio del derecho a la libertad ideológica, libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación. En total, se han esgrimido 18 denuncias de vulneraciones de derecho desde diversas vertientes, que han tenido una contestación pormenorizada por parte del tribunal a la que ha dedicado nada menos que 193 folios.
EL DERECHO A DECIDIR. UNA TESIS SIN COBERTURA DEL DERECHO INTERNACIONAL
Una de las denunciadas más reiteradas por los líderes secesionistas es la invocación del derecho a decidir como causa de justificación. En estos meses, las defensas se han apoyado en la tesis de que "votar no es delito", es más, que constituye un "derecho democrático a que cualquier comunidad pueda decidir sobre su futuro". Esta cuestión ha sido desestimada y razonada en síntesis de la siguiente manera: la expresión 'derecho a decidir' "no aparece reflejada en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tampoco en los textos internacionales suscritos por España".
EL REFERÉNDUM DEL 1-O. FUE UN LEVANTAMIENTO "ALENTADO" POR LOS ACUSADOS
Uno de los nudos gordianos de la defensa de los políticos catalanes sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre es que fue el ejercicio de un derecho que se concretó "en un acto masivo de protesta ciudadana". Una tesis que no comparten ninguno de los siete magistrados que han firmado la sentencia, que consideran el 1-O como "un levantamiento tumultuario alentado por los acusados para convertir en papel mojado las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
CONCURSO MEDIAL. LA MALVERSACIÓN, CONECTADA CON LA SEDICIÓN  
Entre los puntos acordados por el alto tribunal está la de imponer una sola pena por sedición y malversación al apreciarse un concurso medial de delitos. Según el artículo 77 del Código Penal, se estima que concurre cuando existiendo dos acciones y dos resultados delictivos cabe entender que uno fue preciso para cometer el otro. Es decir, que las dos conductas analizadas no están desconectadas, sino que tienden a un mismo fin. Asimismo, la cuantía de la pena no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. En el caso de los acusados por ambos delitos de sedición y malversación, el alto tribunal considera que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han actuado de una forma "desleal" en la administración de los fondos públicos "con un carácter instrumental respecto de la finalidad sediciosa".
INDIVIDUALIZACIÓN. PENAS ACORDES A SU GRADO DE PARTICIPACIÓN
La sentencia distingue entre los grados de responsabilidad de los acusados, según su mayor o menor participación en los hechos. De ahí que se hayan individualizado las penas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por ejemplo, no eran cargos públicos en octubre de 2017 por lo que no han sido acusados de malversación a diferencia de Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat y a quien la Fiscalía situó como el coordinador general de toda la actividad de planificación y organización de la consulta plebiscitaria.
TERCER GRADO. LA DECISIÓN ESTARÁ EN MANOS DE LA GENERALITAT 
En cuanto al tiempo concreto de ingreso en prisión, la sentencia no ha estimado la petición de la Fiscalía que reclamaba que el tercer grado no comenzara a aplicarse hasta haber superado el cumplimiento de la mitad de la pena. Los magistrados consideran que esta disposición legal no puede ser interpretada "como un mecanismo jurídico para evitar anticipadamente decisiones de la administración penitenciaria" ya que ésta corresponde a la Generalitat.
'COMPLICIDAD POLICIAL'. LOS MOSSOS ADVIRTIERON DEL RIESGO DE CONFLICTOS
El Supremo da total credibilidad a la versión que aportaron los mandos de los Mossos d'Esquadra, incluido el mayor Josep Lluís Trapero, durante el juicio del 'procés' cuando contaron que habían advertido hasta en dos ocasiones al Ejecutivo catalán del riesgo de choques violentos durante el referéndum del 1-O. En una de esas citas, los mandos policiales alertaron al vicepresidente Junquera y al entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, sobre los "escenarios" previstos, y llegaron a plantear "que era de sentido común que surgieran conflictos".
En la sentencia, los magistrados sostienen además que han quedado "evidenciados" episodios "de auténtica complicidad" y "casi connivencia" entre los Mossos y las personas congregadas en los centros de votación el 1 de octubre. Pero también durante la manifestación previa ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre.
EL PAPEL DE PUIGDEMONT. REACTIVACIÓN DE LA EUROORDEN
La sentencia del Supremo ha despejado alguno de los obstáculos que, en su momento, impidieron la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros que también se fugaron de la justicia española. Atendiendo al relato de los hechos, el magistrado Pablo Llarena dictó este lunes un auto contra el exmandatario autonómico al que en esta ocasión acusa de sedición y malversación pero no de rebelión, delito por el que anteriormente se había rechazado su entrega. Fue el 12 de julio de 2018 cuando el tribunal alemán de Schleswing rehusó extraditarlo a España.
CONCLUSIONES. UNANIMIDAD ANTE UNA RESPUESTA CONTUNDENTE 
Sin perjuicio de que una sentencia tan extensa -493 folios- y jurídicamente compleja requerirá un análisis sosegado durante los próximos días, los ciudadanos deben tener la tranquilidad de que la respuesta del Tribunal Supremo ha sido contundente, unánime y emitida por los más prestigiosos magistrados del orden penal, presididos por Manuel Marchena. Y, por encima de todo, que han velado por el desarrollo de un juicio justo, garantista y equitativo. Esto es especialmente positivo en un momento en el que se debate sobre la excesiva criminalización de diversas actividades del ámbito social, político o financiero.
El alto tribunal ha examinado con sumo cuidado las cuestiones jurídicas que han planteado las defensas de los acusados y se les ha dado cumplida respuesta. Por tanto, podemos confiar en que la sentencia superará el filtro en Estrasburgo sobre el nivel de garantías exigido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
volver arriba

Activar Notificaciones

Continuar

Hemos detectado que tienes en Diario de Navarra.

Con el fin de fomentar un periodismo de calidad e independiente, por favor o suscríbete para disfrutar SIN PUBLICIDAD de la mejor información, además de todas las ventajas exclusivas por ser suscriptor.

SUSCRÍBETE