La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha asegurado este martes que el Gobierno no permitirá la medida por la que los alumnos en prácticas formativas deben cotizar, como establece un real decreto del Ministerio de Trabajo, si ello va en detrimento del sistema educativo.

"Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades", ha dicho.

Lo ha declarado este martes en la Comisión de Educación del Congreso y tras la petición de comparecencia del PP para que explique los efectos del real decreto real decreto-ley 28/2018 propuesto por el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.

Esta medida "no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora", ha añadido Celaá, además de responder al PP que debería preguntar a Trabajo y que sin conocer el desarrollo normativo, "no se puede cuantificar, ni siquiera por aproximación" el importe o la cuantía de esa futura cotización de las prácticas.

Celaá se ha referido solo a la oferta de prácticas académicas no universitarias, es decir, a las que afectan a la Formación Profesional de grado medio y superior.

Lo referente a las prácticas de universitarios implica al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que está previsto que el miércoles se reúna con Trabajo, los rectores de la CRUE y los universitarios para tratar el tema.

Celaá ha calificado la petición de comparecencia del PP de "impropia" y "anticipada" porque las explicaciones demandadas por los populares no las puede dar ya que la futura norma está en fase de desarrollo.

No obstante, ha especificado que el real decreto ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y empleo, incluye en efecto una disposición adicional quinta para incluir en el régimen de la Seguridad Social a personas que realicen prácticas formativas en empresas o entidades incluidas en programas de formación, aunque sin que exista la obligación de cotizar por las contingencias de desempleo.

Ha reconocido que, según le están transmitiendo las administraciones educativas, si los empresarios tuvieran que pagar "podría haber reticencias" para realizar los módulos profesionales de FP, sobre todo en determinados ciclos en los que ya de por sí es difícil encontrar centros donde hacer prácticas.

Y si la obligación de cotizar recayera en las administraciones educativas también habría problemas en sus presupuestos.

"Es importante reflexionar sobre las consecuencias del posible desarrollo del real decreto y que no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su relación con el educativo", ha comentado.

Sin embargo, ha defendido que la propuesta de Trabajo supone "una extensión de un derecho para reforzar la protección social de los estudiantes, mejorar sus condiciones en las prácticas formativas frente a riesgos comunes como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo".