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Cataluña

La declaración de independencia cumple un año con 18 de sus impulsores a un paso de juicio

Políticos y líderes soberanistas serán juzgados por rebelión en el TS, aunque sin Puigdemont

El pleno del Parlament, sin los grupos del PPC, PSC y C's, entonan el himno catalán tras aprobar la declaración de independencia.
El pleno del Parlament hace justo un año, sin los grupos del PPC, PSC y C's, entonando el himno catalán tras aprobar la declaración de independencia.
EFE (Archivo)
  • Europa Press. Barcelona
Actualizada 27/10/2018 a las 09:52

El Pleno del Parlamento catalán que votó la declaración de independencia cumple este sábado un año con gran parte de sus impulsores a punto de sentarse en el banquillo en el Tribunal Supremo (TS) para ser juzgados por presunta rebelión, desobediencia y malversación, si bien el expresidente Carles Puigdemont no será juzgado en este procedimiento al estar en Bélgica y retirarse la euroorden.

En prisión preventiva siguen el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell; el exlíder de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -estos dos son los que llevan más tiempo: más de un año-.

En total son 18 los líderes soberanistas que finalmente serán juzgados en el alto tribunal por delitos que pueden conllevar más de 20 años de cárcel: será seguramente a mediados de enero, con los siete magistrados de la Sala de lo Penal -el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo-.

El jueves el TS confirmó el cierre de la instrucción, que hizo el juez Pablo Llarena, llevando asimismo a juicio a los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila -procesados por desobediencia y malversación-, así como la exlíder de la CUP en el Parlamento autonómico Mireia Boya y los que fueron miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Pablo Llarena atribuyó presunta desobediencia.

Ese 27 de octubre, tras la negativa de Puigdemont a convocar elecciones, el Parlamento declaró constituida la república catalana independiente y acordó iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fijaba "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república".

Horas después, el entonces fiscal del Estado, el fallecido José Manuel Maza, anunció en rueda de prensa dos querellas, y el lunes siguiente, cuando el Senado ya había aprobado aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía, se presentaban sendas querellas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, posteriormente unificadas.

El martes 31 de octubre, cuando ya se sabía que Puigdemont se había ido a Bélgica con algunos de sus consejeros, el Supremo y la Audiencia ya admitían a trámite las querellas y citaban a los investigados, aunque Puigdemont nunca se presentó.

En las querellas, la Fiscalía acusaba a los exmiembros del Gobierno catalán encabezados por Puigdemont y de la Mesa del Parlamento regional de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por el proceso soberanista que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI), pero que se remontaban a noviembre de 2015.

Llarena consideró que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O.

Argumentaba que eso "supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación".

En cuanto a Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, y Meritxell Serret, y las exdiputadas Marta Rovira y Anna Gabriel quedan en una pieza separada tras ser declarados en rebeldía, por lo que no se sentarán en el banquillo, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba o, en caso de regresar, pueden ser detenidos y juzgados.


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