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Taxis

Un largo conflicto acentuado el último lustro

La decisión municipal en Barcelona de exigir una segunda licencia a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ha alentado a los taxistas

Detalle de un taxi de Pamplona.
El conflicto entre el colectivo del taxi y el de los vehículos de alquiler se remonta entre 2009 y 2013 cuando se dieron miles de permisos sin límites.
archivo/cordovilla
  • Colpisa.Madrid
Actualizada 31/07/2018 a las 13:12

El conflicto entre el colectivo del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) es tan largo que se remonta décadas, pues unos y otros -por ejemplo, limusinas- han compartido espacio en muchos hoteles, estaciones de transportes y recintos de espectáculos. Fue entre 2009 y 2013 cuando se engordó el problema actual, al darse miles de permisos sin límites.

 

EL ÚLTIMO DESENCADENANTE

En un intento por controlar la expansión de los VTC, sobre todo de las dos grandes plataformas digitales que concentran la mayoría de licencias (Uber y Cabify), el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el 26 de junio un reglamento para exigirles un segundo permiso de carácter municipal. Con ello pretendía reducir su oferta actual (de 1.035 en la Ciudad Condal a poco más de 400 que podrían operar), pero la justicia catalana lo suspendió mientras resuelve un recurso por problemas de competencia.


REGULACIÓN ACTUAL

A finales de 2015 el Gobierno estableció por decreto que la ratio entre taxistas y VTC en un mismo territorio (CC AA) no debe superar la cifra de 30 frente a una. Pero en la práctica son siete por una, según las últimas cifras del Ministerio de Fomento (65.277 taxistas y 9.366 vehículos de alquiler con conductor), con la mayor concentración en Madrid y Barcelona. Los VTC también deberían realizar el 80% de sus servicios en la región del permiso.


BATALLA JUDICIAL

El Tribunal Supremo, que ya respaldó en junio los principales límites para Uber y Cabify, aún tardará meses en resolver otro recurso de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), alineada con las tesis de las plataformas. En juego están las últimas prohibiciones fijadas por Fomento en diciembre: los VTC no podrán revender sus permisos hasta pasados, al menos, dos años desde su obtención y, además, estarán obligados a informar en un registro telemático de sus viajes antes de hacerlos. En paralelo se están resolviendo las demandas por las licencias de VTC que el Ejecutivo paralizó entre 2013 y 2015 hasta tener una nueva normativa, y la mayoría - en total superan las 10.000- se vienen autorizando.


PETICIONES DE LOS TAXISTAS

Visto que la normativa estatal se ha demostrado casi inoperativa en la práctica, los taxistas quieren que el Gobierno transfiera competencias a comunidades autónomas y ayuntamientos. Pretenden que, a imagen de Barcelona, se exija un segundo permiso a los VTC y por esta vía se reduzca en la práctica su presencia respecto a los taxis. También demandan que los municipios ejecuten todas las multas pendientes a los VTC por infringir la normativa actual. Eso sí, solicitan que Fomento delimite antes posibles cambios en el reglamento de la Ley de Transportes y que "marque expresamente el contenido básico de las licencias autonómicas o urbanas a implantar", a fin de evitar que el problema estatal mude luego en 17 problemas regionales.


RESPUESTA A LAS ADMINISTRACIONES

El departamento de Fomento ofrece dotar a las CC AA de atribuciones concretas -no solo delegadas- sobre los VTC, e incluso "hablar de la licencia urbana". Pero no aprobaría nada hasta el Consejo de Ministros del 14 de septiembre, ni tampoco adelanta como podría "reequilibrar el sector" para que se cumpla la controvertida ratio de 30/1. Este viernes, eso sí, aprobaría su "hoja de ruta".


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