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Fernando Grande-Marlaska Gómez

Las víctimas avisan a Marlaska que vigilarán los movimientos de presos de ETA

El ministro promete a los colectivos que serán informados antes de los acercamientos y garantiza que solo habrá traslados individuales

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska
J.A.GOÑI/ARCHIVO
  • Colpisa.Madrid
Actualizada 22/06/2018 a las 06:00

Hubo sintonía a pesar de que las últimas declaraciones del Gobierno sobre la política penitenciaria para los presos de ETA habían generado desconfianza entre las víctimas del terrorismo. En la primera reunión del ministro del Interior con estos colectivos no hubo en apariencia desencuentros, pero sí hubo firmeza y serias advertencias por parte de los afectados. Los representantes de una treintena de colectivos que asistieron al encuentro en Madrid avisaron a Fernando Grande-Marlaska que estarán vigilantes a todos los movimientos de presos de ETA y que rechazarán frontalmente los acercamientos colectivos o la concesión de beneficios a los internos que no muestren arrepentimiento real y que no accedan a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes de la banda terrorista que todavía no están resueltos.
El ambiente fue de entendimiento, aunque hubo colectivos, fundamentalmente Dignidad y Justicia, que anunciaron al nuevo titular de Interior que están dispuestos a salir a la calle, como en las protestas de 2005 contra el Ejecutivo de Rodriguez Zapatero, en el caso de que Interior llegara a hacer movimientos colectivos de presos "cediendo a las presiones de Bildu y el PNV". La mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo precisó que solo contemplarían las manifestaciones contra el Gobierno socialista si Marlaska incumple su promesa de respetar la ley y acercara presos de manera conjunta. Grande-Marlaska sabía que no iba a ser una reunión fácil, aunque ya conocía de su etapa de juez de la Audiencia Nacional a varios de sus interlocutores. El nuevo ministro se sentó a la mesa solo días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él mismo anunciaran que se abría una nueva fase en la política penitenciaria con respecto a los internos de la disuelta banda terrorista. Unas declaraciones que habían sembrado el desasosiego en los colectivos.


TRANSPARENCIA

 

El ministro no se desdijo y anunció que habrá cambios penitenciarios. Es más, dejó expresamente abierta la puerta de los acercamientos en su encuentro, pero intentó tranquilizar a las víctimas, a las que prometió que cualquier movimiento será individualizado y, sobre todo, que los beneficios, como reclaman los damnificados, serán solo como respuesta a arrepentimientos reales y a la colaboración con la justicia. Se comprometió a que no habrá acercamientos colectivos y, sobre todo, anunció, con cierta solemnidad, que informará de cualquier movimiento previamente a las víctimas. "La confianza únicamente puede generarse previa información y transparencia", abundó Grande-Marlaska, que dijo entender que las víctimas vayan a monitorizar muy de cerca cualquier movimiento de Instituciones Penitenciarias. "Este Gobierno, y también su ministro del Interior, -subrayó- se va a caracterizar en esta materia con lo que es mi ADN como magistrado hasta hace poco, el principio de legalidad y transparencia". "Conozco a las víctimas desde hace mucho tiempo y me han enriquecido desde hace años, ha sido un encuentro leal de intercambio de opiniones", resumió el ministro.


Las palabras de Grande-Marlaska dejaron más tranquilas a la mayoría de asociaciones. Buena parte de los representantes que acudieron a la cita en Interior se mostró partidario de dar un "voto de confianza" al nuevo ministro y, sobre todo, valoraron el anuncio de que serán informados antes de que puedan enterarse por la prensa de cambios en el tratamiento a los presos de la organización terrorista.


"Cualquier cambio que se realice ahora en política penitenciaria sería interpretado por ETA como una cesión por su disolución y por tanto, como una victoria de la organización terrorista", subrayó la AVT, que apostó por continuar con "la política dispersión" tras el "fracaso de experimentos" como la 'Vía Nanclares' de la época de Rodríguez Zapatero a la que, según el colectivo mayoritario, se sumaron una veintena de terroristas "que no colaboraron a resolver casos pendientes". "La única manera de comprobar la veracidad de los arrepentimientos es exigiendo el requisito legal de colaboración con la justicia", sostuvo la líder de la AVT, Maite Araluce.


El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) marcó también las líneas rojas en la política penitenciaria al Gobierno, y advirtió de que cualquier acercamiento debe pasar previamente por la exigencia a los presos "del rechazo individual, claro y sin trampas a la violencia". Covite calificó de inquietante que en las últimas semanas "el debate se haya centrado más en los presos" que en las "asignaturas pendientes de las víctimas o el esclarecimiento de más de 300 asesinatos sin resolver". "Un Gobierno que se preocupara más por los perpetradores que por las víctimas no tendría la confianza de Covite", avisó a Grande-Marlaska.


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