El consentimiento explícito y la intervención de un médico han de ser requisitos indispensables para poder legalizar la eutanasia, han opinado profesores juristas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), después de que el Congreso ha acordado tramitar una proposición del Parlament para despenalizarla.

La propuesta del Parlament de Catalunya, que ya ha suscitado el rechazo de los obispos españoles, pide reformar el artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia en España y de esta forma dar el primer paso para hacer efectivo el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte.

El catedrático de Derecho Penal y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC Josep Maria Tamarit ha asegurado que la Constitución española de 1978 no impide la despenalización de la eutanasia.

"El texto constitucional reconoce el derecho a la vida, pero no el deber de vivir, de modo que una regulación cuidadosa con los requisitos y las garantías del consentimiento no sería inconstitucional", ha afirmado Tamarit.

María José Rodríguez, que también es profesora de Derecho y Ciencia Política de la UOC, ha apuntado que ya hay países europeos que lo han legalizado, como Holanda y Bélgica.

"Ahora es el momento para que España tome una decisión. No se está hablando de matar a las personas que quieren seguir viviendo, sino de regular aquellas condiciones en que una persona puede decidir sobre su propia muerte porque hay unas circunstancias médicas que lo justifiquen", ha precisado la jurista.

Tanto Tamarit como Rodríguez han lamentado que la eutanasia, como la muerte, siempre haya sido un tema tabú en España, "donde las ideas conservadoras pesan mucho más que en otros países líderes".

En este sentido, han recordado que una encuesta de Metroscopia de 2017 reflejó que el 84 % de los españoles están a favor del derecho a una muerte digna.

Los expertos en derecho penal han asegurado que la normativa de Holanda, país pionero en la legalización de la eutanasia (es legal desde 2002), podría servir de referencia en España.

Así, han explicado que, en caso de que se aprobara el derecho a una muerte digna en España, sería necesaria una reforma del Código Penal, que debería ir acompañada de una ley especial que estableciera, de una manera muy precisa y completa, las situaciones en las que puede tener lugar la eutanasia.

"Además de despenalizar, hay que indicar muy bien en qué supuestos se puede llevar a cabo, quien debe intervenir y cómo se ha de expresar el consentimiento del paciente para que no quede ninguna duda sobre si una persona quiere morir o no", ha asegurado Rodríguez.

Los dos juristas consideran que el consentimiento explícito y firme de la persona afectada y la intervención de un médico a la hora de llevar a cabo la eutanasia deben ser dos de los requisitos clave a la hora de legalizarla.

"Al tratarse de una decisión irreversible y de la máxima trascendencia, es imprescindible regular su consentimiento, ya que existe el riesgo de interferencias en la decisión por parte de personas que puedan tener interés en la muerte de alguien", ha advertido Tamarit.

Según el profesor, el derecho a morir cuando hay circunstancias objetivas que provocan un sufrimiento que la persona no quiere soportar está totalmente justificado.

"La sociedad no debe impedir el ejercicio de este derecho básico del individuo ni puede inhibirse del tema y así dar lugar a que personas desesperadas opten por quitarse la vida de una manera clandestina o que otros sujetos, por compasión y queriendo ayudarlas, deban responder de la acción con sanciones penales", ha concluido Tamarit.