Una reforma de la Constitución que conduzca hacia una España federal es la gran apuesta del PSOE para resolver la crisis en Cataluña. Esta semana, el PP ha dado un primer paso para sumarse a ella después de que Mariano Rajoy asumiera tras años de negativas que es razonable acometer una revisión de la Carta Magna en la comisión de estudio sobre el modelo territorial que echará a andar esta semana en el Congreso a propuesta de los socialistas.

Una actualización de la norma fundamental es algo que solo se ha dado en dos ocasiones en España. La primera fue en 1992 para adecuarla al Tratado de Maastrich. La segunda tuvo como objetivo modificar el artículo 135 para fijar por ley la estabilidad presupuestaria. Pero, de darse finalmente una reforma, esta vez debería de realizarse a fondo y con la incertidumbre de si realmente servirá como solución al problema territorial en general y al catalán en particular, una posibilidad sobre la que los expertos en derecho mantienen distintas posiciones.

Actualizar la Carta Magna es la opción acertada, según Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. En su opinión, la reforma es la respuesta, "aunque no debe de hacerse pensando solo en que sirva de freno al independentismo, sino en que hay sobradas razones para llevarla a cabo". La revisión, además, debe ser en profundidad, añade Solozábal, quien cree necesario "acometer un reajuste de territorios, pueblos, nacionalidades o como se quieran llamar". El catedrático de la Universidad Autónoma añade que no solo sería necesario un referéndum, sino que habría que celebrar dos. El primero para refrendar el apoyo a la reforma constitucional y el segundo después de haber actualizado el Estatuto de Cataluña en base a los cambios en la Constitución. "Este proceso reforzaría confianza en el estado y restaría apoyos al independentismo", valora. Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Héctor López Bofill asumir la necesidad de reformar la norma fundamental es un primer paso. No obstante, considera que hallar una solución al problema catalán por esta vía sería muy complicado. Lo justifica en que la revisión debería tener en cuenta las reivindicaciones de los más de dos millones de personas que acudieron a votar el 1 de octubre a favor de la secesión. Entre ellas, el reconocimiento nacional de Cataluña, lo que incluiría una cesión de poderes en los que el Estado central no podría intervenir, y una mejora de la financiación autonómica. "Eso sería lo mínimo", señala López Bofill. El problema, explica a renglón seguido, es que esto sería casi imposible de aceptar para el PP, indispensable para sacar adelante la actualización de Constitución. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED, es partidaria de revisar la Carta Magna porque España se ha transformado en las últimas cuatro décadas, pero se declara muy pesimista respecto a que sirva para aplacar el ansia soberanista. "El independentismo no cabe en ninguna Constitución", zanja. A pesar de ello, Gómez se declara a favor de estudiar una reforma porque "demostraría que se ha intentado todo para alcanzar una solución".

RIGIDEZ CONSTITUCIONAL

Los constitucionalistas también se dividen a la hora de valorar la responsabilidad de la Carta Magna en la crisis catalana. Solozábal mantiene que "es cierto que el Estado adolece de rigidez" y que hace tiempo que se debería haber puesto sobre la mesa una reforma en profundidad. "No para corregir, sino por perfeccionar", afirma antes de recordar que la constitución alemana se ha retocado hasta en 60 ocasiones. La última de ellas sucedió el pasado junio, cuando se aprobó que el Estado asumiese una mayor carga financiera a cambio de incrementar su capacidad de decisión en las políticas regionales, incluido el control presupuestario de cada uno de los 16 lander que conforman la república federal. En opinión de López Bofill, el problema no está en la redacción de la norma en 1978, sino su interpretación. Y pone dos ejemplos. El primer es la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó parte del Estatut. El otro, la incapacidad para abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación que piden "una inmensa mayoría" de los catalanes.