El Tribunal Constitucional ha multado con 12.000 euros diarios por desobediencia al secretario general de Economía y a los siete magistrados de la sindicatura (junta) electoral creada para el referéndum. Deberán pagar esa suma cada día hasta que no revoquen las decisiones que han tomado para la organización de la consulta, tales como la aprobación de los modelos de papeleta, los manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales o las pautas transmitidas a los síndicos territoriales.

Es la primera vez que el tribunal impone estas sanciones desde la reforma de su ley orgánica aprobada hace dos años en el Congreso con el único respaldo del PP, que entonces tenía mayoría absoluta. El Constitucional hasta ese cambio legal podía imponer multas a quienes desobedecieran sus resoluciones, pero la máxima era de 3.000 euros diarios. Ahora esa cifra es la sanción mínima y la máxima, 30.000. La decisión fue adoptada por unanimidad, aunque tres magistrados emitirán votos concurrentes para explicar que apoyan la medida pero solo por la excepcionalidad y urgencia de la situación, no porque compartan que la corte pueda ejercer esa tarea coercitiva.

Los sancionados son Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras, y la directora de Procesos Electorales y Consultas Populares, Montserrat Vidal, aunque en su caso la multa es de 6.000 euros diarios. Deberán pagar asimismo 12.000 euros cada día los siete integrantes de la sindicatura electoral y 6.000 los quince síndicos territoriales. El tiempo empezará a correr al día siguiente de la publicación en el BOE de esta resolución, y es muy probable que aparezca mañana mismo. Tendrán que abonar ese dinero cada 24 horas, según fijó el Constitucional en un auto, hasta que rectifiquen su desobediencia mediante la justificación por escrito "ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas quedan sin efecto".

SIN OÍR A LOS SANCIONADOS

Es la primera sanción económica a altos cargos de la administración catalana por desobedecer la sentencia de octubre del año pasado del Constitucional que prohibió la consulta independentista y que estableció que participar en los preparativos vulneraba su resolución. El tribunal, además, adoptó la decisión sin oír los alegatos de las partes porque se trata de un asunto de "especial trascendencia constitucional", y en ese caso la ley que regula el funcionamiento de la corte autoriza esa medida expeditiva.

El auto también recuerda que el número dos del vicepresidente de la Generalitat fue apercibido en un escrito el pasado 14 de septiembre que tenía el "deber de impedir o paralizar" cualquier acto que vulnerase la prohibición del referéndum. En aquella providencia se detallaron asimismo las responsabilidades que tendría que asumir si desobedecía.

En coherencia con este recordatorio, el Constitucional denunció los hechos que atribuye a Jové, detenido el miércoles y a la espera de pasar a disposición judicial, y a la directora de Procesos Electorales por si cabe exigir "responsabilidad penal" por su comportamiento. La corte considera que ambos altos cargos son piezas clave en la administración electoral de Cataluña, y "sin su concurrencia" no se hubieran podido incumplir las decisiones del Constitucional.